Raúl García Araujo

En el Estado de México, el crimen opera con total impunidad. Los delincuentes saben que las denuncias que presentan los ciudadanos no surten efecto y en muchos casos solo forman parte de las estadísticas y del archivo del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo.

Miguel es un empresario mexiquense que fue víctima –en octubre de 2017- de grupos criminales dedicados a la extorsión. Vive en uno de los municipios conurbados con la Ciudad de México. Tuvo que cambiar su rutina para evitar a los delincuentes que acecharon su casa y negocio.

Hace 22 meses, este hombre de negocios presentó, como cualquier ciudadano, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo de Alejandro Gómez Sánchez, por el delito de extorsión.

Durante este tiempo, la investigación sobre el ilícito del que fue víctima no avanzó; incluso fue archivada y no hubo detenciones por las amenazas que recibieron Miguel y su familia.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más comunes en el Estado de México.

Dos de cada 10 extorsiones a nivel nacional se cometen en la entidad mexiquense, y en lo que va del año la Fiscalía General de Justicia ha iniciado 975 carpetas de investigación por este delito.

Los grupos criminales dedicados a la extorsión ven a los empresarios y las rutas del transporte público concesionado como su principal blanco.

La carpeta de investigación del caso de Miguel –de la cual En Corto tiene copia- señala que los extorsionadores tenían fotos del empresario, de su negocio, de su casa, así como de cada uno de los integrantes de su familia.

La víctima proporcionó a la policía los números telefónicos de sus acosadores, así como grabaciones de las amenazas de las que fue objeto, pero de nada sirvieron: al equipo de investigadores del Fiscal General Alejandro Gómez Sánchez no le pareció importante darle seguimiento ni detener a los criminales.

Lo mismo que vivió Miguel lo padecen también dirigentes de transporte público en el oriente del Estado de México, que se ven obligados a pagar alrededor de 500 mil pesos mensuales a extorsionadores para que los dejen circular en las diversas rutas que conectan al Sistema Colectivo Metro en la estación Pantitlán.

Si no lo hacen, les queman las unidades, como ocurrió hace unos días con las de la Línea Brujas. Debido a esos ataques, solo 400 de sus mil 200 camionetas están trabajando. Las víctimas se preguntan ¿qué tanto valor tiene presentar una denuncia?

Pero, además de la delincuencia común y organizada, los mexiquenses también tienen que cuidarse de los extorsionadores con uniforme de policía.

Se trata de algunos efectivos a cargo de la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero. Varios de estos agentes estatales se apuestan por avenidas principales del Estado de México para detener a cualquier automovilista con el pretexto de revisar sus documentos.

La extorsión consiste en una “mordida” o “entre” para que no los lleven al corralón por la falta de algún documento. El pago al agente puede ir desde los 500 hasta los 5 mil pesos. En Corto documentó y tiene fotos de cómo las unidades con matrícula 08796, 20888 y 07864, ubicadas en la carretera federal México-Texcoco, detenían a automovilistas sin ningún motivo aparente, más que sacarles dinero para no llevarlos al corralón.  

En Cortito: Nos cuentan que el director de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Claudio Camilo Barrera, en ocasiones tiene pleno desconocimiento de los temas relacionados con la institución en la que trabaja. Dicen que la falta más grave la tuvo hace unos días al no saber nada cuando los reporteros le preguntaron sobre la muerte del joven universitario Iván Lugo Serrano, aun cuando autoridades de la Universidad Panamericana ya habían emitido un comunicado al respecto.

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