Arturo Escobar se separó de su cargo subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación luego de que la FEPADE emitiera una acusación penal en su contra por violar la ley en la materia electoral.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación aseguraron a EJE CENTRAL que ya fue girada la orden de captura contra Escobar.
La FEPADE consignó el expediente a principios de esta semana y el juez tiene hasta 10 días para emitir o negar la orden de captura, si considera que existen elementos suficientes.
Muchos de los juzgadores no agotan el plazo legal, porque al revisar el expediente concluyen que las constancias acreditan una posible responsabilidad para llevar a juicio a los acusados.
Para evitar ingresar a prisión, Escobar tramitará un amparo que le permita defenderse en libertad y combatir las acusaciones.
La PGR informó que la averiguación previa se consignó por presuntos delitos electorales cometidos por Arturo Escobar y “empresarios por las aportaciones en dinero y en especie, cuando existe prohibición legal para ellos.”
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— Arturo Escobar (@ArturoEsc) noviembre 26, 2015
La dimisión de Escobar se dio al mismo tiempo en que se le señala como responsable de firmar los contratos de con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
En tanto el Partido Verde, corriente política a la que el exfuncionario pertenece, expresó su total respaldo a Escobar, quien siempre se ha conducido con apego a la ley y dijo que estarán “atentos y exigiremos a las autoridades judiciales que actúen con pleno apego a derecho, para que aclaren puntualmente y de una vez por todas que en este caso no existe ni ha existido delito que perseguir.”
Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hasta este miércoles subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es señalado por transgredir la ley en la materia en la precampaña electoral.
El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que no es grave, señala que se sancionará a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello, cuya pena en prisión es de 5 a 15 años y de mil a 5 mil días multa.
La PGR precisó que también se consignó la acusación por el Artículo 7, Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral.
La indagatoria, con número 618/2015, deriva de una denuncia de hechos presentada por el PAN el pasado el 13 de marzo de 2015 por el PAN, a la que se sumó una denuncia interpuesta el 9 de abril por el PRD.
Durante las precampañas electorales de este año, Escobar, en su calidad de vocero del Partido Verde señaló que su partido no intentó burlar o esquivar la normativa electoral, porque ante las nuevas reglas hubo nuevas interpretaciones, por lo que se dieron instrucciones a los responsables de presupuesto y administración del PVEM de avisar “contundentemente” para que se detuvieran las entregas.
El Partido Verde recurrió a anuncios espectaculares en las calles, promocionales en el cine e, incluso, la distribución de tarjetas de descuento personalizadas para difundir los programas y su plataforma política.
Apenas en agosto pasado, el Instituto Nacional Electoral rebajó con 32.9 millones de pesos las multas al Partido Verde por sus diversas violaciones a la ley electoral, lo que derivó en una solicitud ciudadana para retirarle el registro, sin embargo, éste no prosperó en el Consejo General.