Lo que durante meses pareció concentrarse en la política ambiental del Gobierno de Samuel García comienza a extenderse hacia otras áreas de la administración. Ahora los señalamientos apuntan a la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT-NL), donde empresarios denunciaron nuevamente prácticas de hostigamiento. El pasado 12 de agosto, contribuyentes recibieron correos electrónicos para recordarles el pago del Impuesto Sobre Nómina correspondiente a julio, pese a que el vencimiento estaba fijado hasta el día 17. Puede parecer un simple recordatorio administrativo, pero algunos empresarios lo interpretaron como una presión anticipada que, aseguran, no habían enfrentado durante el resto del año.
El episodio ocurre apenas semanas después de un cambio importante. El 4 de julio, el gobernador Samuel García nombró a Fernando Javier Villarreal Caballero como nuevo subsecretario de Administración Tributaria, en sustitución de Carlos Contreras Segovia, quien pasó a encabezar la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. El propio Gobierno dijo entonces que los movimientos buscaban mantener una administración ordenada y transparente; sin embargo, durante agosto también fueron detectados embargos contra Amisa, en la colonia La Condesa, y Proyectos Arquitectónicos Preliminares, en el Centro de Monterrey, donde incluso fueron colocadas lonas para informar públicamente de los procedimientos. Hasta ahora no se conocen las causas de esos embargos y las compañías tampoco han querido revelar detalles.
El problema es que estos casos llegan cuando la relación entre el Gobierno estatal y parte del sector productivo ya venía deteriorada. El 7 de mayo, Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), informó que tres de cada diez empresas afiliadas reportaban inspecciones que consideraban ilegales por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
La Cámara advirtió además sobre duplicidad de funciones entre distintas áreas del Gobierno y señaló revisiones de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero; Protección Civil de Nuevo León, dirigida operativamente por Erik Cavazos Cavazos y adscrita a la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Miguel Ángel “Mike” Flores Serna; así como áreas de Desarrollo Urbano y Salud. Caintra alertó que esta multiplicidad de inspecciones abre espacios a la discrecionalidad y genera riesgos de clausura o extorsión. Coparmex, por su parte, reportó que entre sus empresas afiliadas que dijeron haber sufrido extorsión, 37% señaló que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.
Ahí aparece nuevamente el antecedente de Materiales Triturados Martínez (Matrimar). La empresa de Cerralvo denunció este año presuntos actos de extorsión después de inspecciones y clausuras vinculadas con obligaciones ambientales y fiscales. El conflicto alcanzó otra dimensión con la difusión de un audio fechado el 27 de noviembre de 2025, en el que se hablaba de un supuesto “pago fuerte” de hasta 50 millones de pesos para permitir la operación de la compañía y se mencionaba al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.
Lo que no se puede ignorar es la acumulación de señalamientos: primero fueron las inspecciones ambientales, después las clausuras y el conflicto por el Impuesto Verde; ahora aparecen requerimientos fiscales anticipados y nuevos embargos. Cuando distintos sectores productivos comienzan a describir experiencias similares desde dependencias diferentes, el Gobierno tiene algo más que un problema de comunicación. Tiene un problema de confianza.
Samuel García puede sostener que cada dependencia actúa dentro de sus atribuciones y que cobrar impuestos, inspeccionar empresas o embargar bienes forma parte de las facultades del Estado. Y tiene razón: gobernar también implica hacer cumplir la ley. La pregunta es otra: ¿se está aplicando con criterios claros, uniformes y transparentes o se está generando un ambiente donde cada inspección, requerimiento o clausura termina por ser percibido como una forma de presión?
Se multiplican estafas en Rappi y Didi
Las estafas y abusos en plataformas como Rappi y DiDi parecen multiplicarse, y no podemos permitir que se conviertan en parte de la normalidad. Los usuarios tenemos derecho a recibir un servicio seguro y transparente, pero también es necesario que las autoridades conozcan lo que está ocurriendo. Por ello, es importante hacer un llamado a la Profeco, Condusef y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, para que se investiguen los posibles patrones de fraude y se fortalezca la coordinación con las autoridades correspondientes. También nos toca a nosotros actuar. No basta con quejarnos en redes sociales o contar nuestra experiencia a amigos y familiares: hay que denunciar. Documentar los hechos, conservar comprobantes, capturas de pantalla y presentar la denuncia permite generar información sobre estas prácticas y puede ayudar a identificar a quienes las están cometiendo. Si cada víctima se queda únicamente con la molestia, los responsables pueden seguir operando. Denunciar es fundamental para que las autoridades tengan elementos para investigar, detener estas prácticas y evitar que más personas sean víctimas. Rappi y DiDi deben asumir también su responsabilidad y fortalecer sus mecanismos de seguridad y atención a los usuarios.
