Francisco Pazos
El problema: la falta de planeación y opacidad de los gobiernos locales. El efecto: más de mil proyectos sociales y de infraestructura paralizados en el país. La razón: las entidades federativas y la Ciudad de México dejaron de ejercer más de 33 mil millones de pesos este año.
Este nivel de subejercicio en el Ramo 23, diseñado para combatir la pobreza, se consolidará como histórico, pues supera incluso la suma total de los subejercicios de los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2013, por ejemplo, el gasto no ejercido fue de 13%, para el año siguiente 12.9% y en 2015 llegó al 20.9%. Para este año ya alcanza el 61.6% del presupuesto programado no ejercido por las administraciones locales.
Lo más sorprendente es que entre los primeros cinco estados que menos gasto asignado a este tipo de proyectos ejercieron este año, tres registran los más altos índices de marginación en el país: Chiapas que no ejerció el 96.4% de los recursos; Guerrero el 86.4%, y Tabasco 81.4%.
Los gobiernos ya no pueden ejercer los recursos del Ramo 23 porque ya se vencieron las fechas para que los gobernadores y alcaldes tramitaran ante la Secretaría de Hacienda la obtención del dinero. Es así que los proyectos de infraestructura escolar, rehabilitación de espacios públicos, bacheo, pavimentación, obras viales y apoyos metropolitanos, entre muchos otros, quedaron sin realizar.
›Hasta el 25 de octubre, de acuerdo al reporte de Transparencia Presupuestaria, la cifra total no ejercida por los gobiernos locales sumaba 33 mil 014 millones 686 mil 078 pesos. Para tener una idea, esta cifra representa la mitad de todo el presupuesto para 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional y la mitad para todos los proyectos de inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Comunidades olvidadas
La falta de capacidad de gobernadores y presidentes municipales para llevar dinero a sus comunidades llegó a tal grado este año que hay estados en los que el índice de gasto anual no supera ni siquiera el 5%.
Por ejemplo Chiapas, con 3.9 millones de mexicanos en condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene un avance insignificante de 3.4% en gasto pagado.
El Fondo Regional, que se aplica en proyectos para combatir la pobreza de las comunidades no ha sido tocado; más de mil 500 millones de pesos sin proyectos definidos que quedarán en espera.
Chamula es uno de los municipios chiapanecos con mayor grado de marginación y rezago social del país, 58 mil mexicanos que ahí viven lo hacen en condiciones de pobreza extrema. Sus 77 mil habitantes deberán esperar un año más para que el gobierno municipal repare los caminos que comunican a las comunidades de Tzajaltetic, Los Ranchos y Corralito y para mejorar la infraestructura pública, siempre que los recursos no se diluyan en el recorte previsto para 2017.
Otros caminos rurales del paraje Chuchiltón y de la comunidad La Laguna, en San Andrés Larráinzar, en situación de pobreza similar, tampoco serán reparados. Sus pobladores también deberán esperar por recursos.
Tampoco llegarán los 400 millones de pesos etiquetados para infraestructura vial o los 100 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un cuartel general de policía en Tuxtla Gutiérrez, así como obras para la Ciudad Mujer en San Cristóbal de las Casas.
En total 40 proyectos de desarrollo regional, municipal, para migrantes, de desarrollo metropolitano y para accesibilidad cerrarán el año como promesas, con dinero asignado, pero con autoridades que no pudieron o no quisieron tramitar los recursos para ello. Suman tres mil 367 millones 270 mil 841 pesos que jamás llegará a las comunidades chiapanecas.
En Veracruz, entidad en la que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) señaló irregularidades por casi 15 mil millones de pesos tan sólo en 2015 y en la que crecen las protestas de presidentes municipales por falta de dinero, el subejercicio presupuestado para 2016 llega hasta ahora a 57.4%.
En este estado, 64 proyectos para renovar alumbrado público, construir aulas, infraestructura municipal y unidades deportivas y para el arreglo de vialidades con fondos etiquetados no se han realizado en comunidades de mayor nivel de marginación: Amatitlán, Perote, Tantoyuca, Tierra Blanca y 17 municipios más.
›En Guerrero, además de la inseguridad, está la incapacidad de los gobiernos para ejercer recursos en beneficio de los más de dos millones de pobres que habitan en ese estado a los que no llegaron más de mil 400 millones de pesos asignados al Fondo Regional.
Ese dinero sería destinado para la construcción de escuelas, pero jamás llegó a los municipios. Y 100 millones de pesos etiquetados para el “Rescate del Acapulco Tradicional”, marcado por la delincuencia organizada, tampoco fueron ejercidos.
En Oaxaca, los munícipes y el gobierno estatal dejaron más de mil 500 millones de pesos en las arcas de la hacienda federal, dinero que debió ejercerse para obras en favor de 157 municipios.
Incluso en los más pobres como San Simón Zahuatlán, declarado en 2013 como el municipio más pobre del país, sus autoridades no fueron capaces de tramitar dos millones 830 mil pesos para la construcción de una cancha deportiva.
Oaxaca, al igual que Chiapas y Guerrero, también recibió dinero etiquetado para el combate a la pobreza como parte del Fondo Regional, en el que se quedaron sin ejercer más de mil 178 millones de pesos.
Una zona de contrastes en la que conviven la carencia de servicios públicos con lujosos desarrollos turísticos es Santa María Huatulco, en donde los habitantes de la colonia Comuneros Vicente Guerrero deberán esperar un año más por una red de agua potable que tenía dinero etiquetado, pero nunca llegó.
En Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Othón P. Blanco, municipios de Quintana Roo, no se ejecutarán obras de pavimentación y de infraestructura deportiva porque sus recursos quedaron estancados.
La historia se repite en otros 556 municipios del país, incluidas ocho delegaciones de la Ciudad de México en las que se harían obras de pavimentación para calles de la Zona Rosa, destruidas por la Comisión Federal de Electricidad, además de proyectos sociales en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Los mil 56 proyectos que los gobiernos estatales y municipales dejaron de hacer por no ejercer los recursos tienen nombre y apellido, es decir que hay dinero asignado que espera para su ejecución.
En total 22 mil 788 millones de pesos etiquetados para obras de desarrollo urbano, educativo, deportivo y social; de los que 71% corresponden a Proyectos de Desarrollo Regional, es decir que tendrían impacto en más de una entidad.
El reporte de transparencia muestra 101 proyectos con más de diez mil millones de pesos para apoyos económicos a migrantes y sus familias, impulso a negocios en las zonas fronterizas, mejoras en la accesibilidad en el transporte público e impulso al desarrollo en la región sur-sureste del país.
De ese dinero, etiquetado de forma general en cinco fondos, se desconoce si llegó a las secretarías de Finanzas estatales y finalmente a los municipios y delegaciones de 30 estados y de la Ciudad de México.
Todos esos fondos, incluidos los de fronteras y sur-sureste, que en diez meses han permanecido intactos, desaparecen en el Proyecto de Egresos de las Federación 2017, que será votado en la Cámara de Diputados a más tardar a mediados de este mes.
A menos de dos meses para que 2016 concluya, los gobiernos estatales y municipales han tramitado y gastado 16 mil 187 millones de pesos en recursos de origen federal asignados al Ramo 23. Esto significa, que al 25 de octubre tan sólo el 30% del total de recursos aprobados han sido gastados; en consecuencia, el subejercicio presupuestado para este casi triplicará al reportado en 2015.
Lo grave será que aún con ese mínimo avance de eficiencia presupuestaria, si el monto gastado se compara con la propuesta al Ramo 23 hecha para el próximo año, para estas fechas, las entidades ya habrían consumido el 100% de estas asignaciones.
Aún más, para que pudieran alcanzar un nivel de gasto similar, tendrían que contraer deuda por más de cuatro mil millones de pesos, si se considera que para el próximo año, el Ramo 23 sólo contempla 12 mil 138 millones de pesos.
Cifra negra
Hasta ahora hay cuatro mil 348 millones de pesos cuyo destino no es claro, pues fue dinero ministrado a las administraciones municipales, pero que no ha sido reportado como gastado por mala planeación, errores de cálculo o modificaciones presupuestales.
Por ejemplo, al municipio de Yaxcabá, en Yucatán, le asignaron 75 millones de pesos para reconstruir calles; sin embargo, en el reporte de gasto únicamente se justificaron 29 millones 600 mil pesos.
Para tener una idea de la dimensión de estos recursos, el acumulado total de estas diferencias alcanzaría para dotar de recursos el Fondo de Capitalidad, enfocado a obras de transporte público y movilidad para la Ciudad de México, mismo que para 2017 desaparecerá.