La semana pasada hubo decenas, por no decir centenas, de notas sobre el affaire INE, en las que todo mundo ha dado su opinión. Poco a poco se han ido sumando las voces que exigen condena y la aplicación de la ley a quienes la han transgredido, en este hecho tan lamentable que lastima a todos, pero principalmente y de manera directa al gobierno.
Pero lo que está ocurriendo en materia de corrupción y de protección a algunos de los principales mencionados por los medios, incluyendo las solicitudes de extradición por parte del gobierno del país vecino, está metiendo, a mi juicio, en un problema cada día mayor a la actual administración, léase a los mandos civiles y militares.
Escribo lo anterior porque, como he comentado en otros artículos, me preocupa el papel preponderante que el gobierno anterior y el actual les han dado a las fuerzas armadas, sin tomar en cuenta las consecuencias. Ellos han aceptado de buen grado dirigir y hacerse cargo de muchas actividades que no tienen nada que ver con su misión, por ejemplo, construir y operar hoteles, y lo han hecho sin saber que la mayoría de esos encargos de carácter económico son negocios fracasados que permanentemente van a necesitar recursos públicos para subsistir y serán objeto de crítica consuetudinaria.
Y así lo estamos viendo en los presupuestos de egresos: cuando se trata de acciones en las que intervienen ellos, por lo general sí hay recursos suficientes, al contrario de lo que ocurre en otros sectores, como la salud y la educación.
Por otro lado, está el mito del gobierno anterior de que a las fuerzas armadas se les encargaban acciones civiles porque iban a impedir la corrupción. Como estamos viendo, esto no ha sucedido en aduanas ni en aeropuertos, entre otros, y el mejor ejemplo es el huachicol y el involucramiento de altos mandos de la Marina. Es decir, le entraron a la corrupción.
Y creo que a muchos altos mandos les molesta que se les señale, como nunca antes se había hecho.
Recientemente ocurrió un hecho de la mayor gravedad, y el gobierno parece no haberse dado cuenta o lo ha minimizado. Tomo los datos de algunos artículos y sobre todo del publicado la semana pasada en Excélsior por Miguel Ángel Godínez, a quien podríamos considerar un vocero externo de las fuerzas armadas; tan es así que su columna se llama Alto Mando y en varias ocasiones transmite mensajes sobre cómo se sienten ellos.
El artículo en cuestión relata un desaguisado ocurrido en Sinaloa durante una reunión entre la gobernadora, la alcaldesa de Mazatlán y dos generales, en la que ambas autoridades estatales acusaron al Ejército de ser responsable de la inseguridad y la violencia en el estado. Según la columna, la discusión subió de tono hasta que los mandos militares simplemente se levantaron de la mesa y se fueron.
La gobernadora fue a quejarse con la presidenta y pidió el cambio de los dos generales, acción que ya se llevó a cabo. Pero la saga continúa: el columnista menciona que hubo una visita reciente del general secretario de la Defensa y ninguna autoridad estatal lo acompañó, cuando es tradición que si llega un Secretario de Estado y el titular del Poder Ejecutivo local no puede estar presente, al menos envía al Secretario de Gobierno. En esta ocasión no ocurrió.
Yo no sé si en Palacio se dan cuenta de la gravedad de estos hechos y de lo que significa hacerles descortesías a las fuerzas armadas creyendo que no pasa nada. Las autoridades civiles, tanto federales como locales, no atraviesan un buen momento de consideración pública en muchos estados, y eso lo registran, y muy bien, las fuerzas armadas.
Más vale tomar muy en serio estas diferencias y conciliarlas, antes de que se las arreglen de otra forma, como lamentablemente ha demostrado la historia de nuestra América Latina en muchos países.
