La semana pasada todos tuvimos cuenta de la triste y lamentable pérdida de mujeres y niños de las familias LeBaron y Langford, en las inmediaciones de los límites de los estados de Chihuahua y Sonora. Territorio serrano, alejado de la presencia de autoridades municipales y estatales, como muchos otros lugares a lo largo y ancho del país.
Después de una semana de los funestos hechos, se tiene que buscar dar respuesta a las mínimas preguntas; quién lo hizo y cuál fue la razón, por qué fueron mujeres y niños las víctimas de estos atroces hecho. La necesidad de hacer una investigación, además de ser una obligación del Estado mexicano, la naturaleza del evento tiene un carácter binacional, por lo que el agente del ministerio público, deberá de realizar un litigio estratégico, basado en la cooperación internacional.
Las técnicas de investigación internacional, se contemplan en tratados internacionales tanto bilaterales como multilaterales, en el caso en concreto, los hechos ocurridos el lunes pasado, se efectuaron en territorio mexicano, en contra de ciudadanos con doble nacionalidad México americana, con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Todas las características del caso, hacen que sí bien es cierto el delito es de homicidio calificado, es del fuero común, también tiene las condiciones para que los mismos hechos sean investigados por la Fiscalía General de la República desde la fiscalía conocida como de artículo 4º, que establece su competencia por la nacionalidad de las víctimas y territorio de los hechos.
Por otro lado, la investigación requiere de la cooperación internacional contemplada en el tratado internacional en materia de asistencia jurídica signado por México y los Estados Unidos de América, el cual requiere del trabajo diplomático y de las autoridades de la ley y el orden de ambos países. Es por ello, que será posible y legalmente trabajar de forma conjunta y coordinada en el intercambio de información que sirva de evidencia para buscar las respuestas antes planteadas. De forma y fondo debemos de buscar que los retos del caso sean espacios de oportunidad para que tanto el Fiscal General de la República y el Canciller planteen un litigio estratégico y cambien la historia de un caso tan lamentable.