“El estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”. William Neukom, fundador de World Justice Project
Después de 19 años de que se dio la alternancia política en México, y luego de los resultados del reciente proceso electoral en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó electo, nuestro país está en el camino de ser una democracia madura; sin embargo, aún tenemos claros pendientes en temas como la justicia, la libertad, los derechos humanos, la seguridad o el combate a la corrupción, dimensiones que permiten la construcción de un Estado de derecho fuerte que incide directamente en el porvenir nacional.
No hay duda de que la consolidación democrática y el desarrollo económico justo y equitativo que requiere nuestro país exige la mejora y la renovación de los mecanismos de gobernabilidad, lo anterior con el objetivo de superar las debilidades estructurales de nuestra sociedad.
Y es que, cuando en una nación existe un Estado de derecho débil, las relaciones entre el gobierno y la sociedad se fracturan, provocando una crisis en el ejercicio del poder, al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el Estado de derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos”.
A partir de lo anterior, la organización World Justice Project, la cual trabaja a favor del desarrollo del Estado de Derecho en el mundo, dio a conocer a través de su informe 2019 que -por segundo año consecutivo- México obtuvo una calificación de 0.45, en una escala que va de 0 a 1, donde uno significa el mayor respeto por el Estado de Derecho, ubicándose en la posición 99 de 126 países evaluados.
En comparación con nuestro país, los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2019 son ocupados por Dinamarca (0.90), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87); países que cuentan con altos puntajes en los ocho factores evaluados por el índice: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En contraste, las tres últimas posiciones son ocupadas por la República Democrática del Congo (0.33), Camboya (0.32) y Venezuela (0.28).
Respecto a la región de América Latina y el Caribe, el Índice indica que México se encuentra en el lugar 26 de 30 países evaluados, junto a Nicaragua (0.40) Honduras (0.40), Bolivia (0.38) y Venezuela (0.28); mientras que Uruguay (0.71), Costa Rica (0.69) y Chile (0.68) cuentan con posiciones por encima de México e incluso por arriba de la mitad de la tabla a nivel mundial
Jorge Morales, integrante del World Justice Project, declara que, en los años recientes “México no tuvo una mejora en el puntaje”. Por su parte, Leslie Solís, investigadora de la misma organización, añade que para que nuestro país fortalezca el Estado de Derecho, los focos rojos que deben ser atendidos de manera urgente y prioritaria son la corrupción, la seguridad y la justicia penal.
Con respecto a este punto, debemos destacar que en la variable de “ausencia de corrupción”, México ocupa el lugar 117 de 126 países a nivel mundial, y el penúltimo a nivel regional.
En lo referente a la “justicia penal”, la nación mexicana se ubica en el lugar 115 de 126, y en el 25 de 30 a nivel regional, subrayando que las investigaciones ministeriales y la situación que se vive en los centros penitenciarios son dos factores que disminuyen directamente la calificación.
Por último, en lo que atañe al orden y a la seguridad, es el lugar 117 de 127, y una vez más, el penúltimo a nivel regional.
De las ocho dimensiones evaluadas, el Gobierno Abierto, el cual considera la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública, fue el aspecto mejor calificado para México, ubicándose en el lugar 35 de 126 a nivel mundial, y en el séptimo de 30 en la región de América Latina y el Caribe.
Hoy, en este contexto, no podemos olvidar que el Estado de Derecho es un elemento crucial para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible; por eso, es innegable que México debe aprovechar la coyuntura histórica que está viviendo para orientar las políticas públicas hacia el fortalecimiento entre las relaciones entre el Estado y la sociedad, consolidando las instituciones y promoviendo el desarrollo que generará certidumbre y confianza, sólo así podremos continuar trazando la ruta para convertirnos en una democracia madura y consolidada.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
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