La violencia generada por grupos armados organizados, los enfrentamientos políticos y los conflictos sociales y territoriales son las causas visibles del desplazamiento forzado y masivo en México. Pero la intolerancia religiosa, el cobro de piso, el desalojo forzoso y los desastres naturales son otras causas invisibles.
Este fenómeno que obliga a las personas a dejarlo todo y huir de sus comunidades de origen desde hace tres años persiste en cinco entidades de la República. Y esta vez crecieron los casos motivados por grupos armados, de acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Aunque la organización advierte no tener un registro numérico exacto de los eventos y cantidad de personas afectadas, ofrece un panorama de lo que ocurre en Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, entidades en las que se presentaron el mayor número de casos que la organización recopiló durante 2018.
›Veracruz, por ejemplo, muestra uno de los rostros más claros del desplazamiento. Pese a no ser un conflicto nuevo, de 2017 a lo que va de 2019, cerca de cinco mil negocios han cerrado en Coatzacoalcos. Los homicidios, secuestros, extorsiones y cobro de derechos de piso han obligado a empresarios, médicos y contadores a abandonar la localidad.
La intolerancia religiosa provocó que en Oaxaca, por ejemplo, dos familias evangélicas abandonaran su comunidad porque fueron amenazadas, hostigadas y expulsadas de sus hogares por negarse a seguir cooperando económicamente con las celebraciones católicas.
Otras tres familias, pero en Chiapas, vieron cómo sus casas fueron destruidas y obligadas al destierro por haber cambiado de religión, del catolicismo a la religión adventista.
En cuanto al desalojo forzado, que es una práctica recurrente en México, sobre todo por disputas de propiedades y ocupaciones de edificios y predios abandonados, en Chiapas 29 familias evangélicas, que ya habían sido desplazados por conflictos religiosos de su comunidad y que habitaban un albergue en San Cristóbal de las Casas, fueron desalojados por segunda vez por la falta de pago de la renta del lugar. Autoridades estatales acumularon un año sin cubrir sus adeudos.
Primeros lugares: Guerrero y Chiapas
Más de 11 mil 491 personas tuvieron que recurrir al desplazamiento interno forzado en el país en 2018, de acuerdo con el informe de la CMDPDH. La violencia generada por grupos armados organizados, y la violencia política, conflictos sociales y/o territoriales se presentó principalmente en cinco entidades, encabezadas por Guerrero con el mayor número de víctimas, le siguen Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.
Guerrero se colocó como la entidad con mayor número de desplazados. Se registraron 13 eventos que sumaron cinco mil 56 personas alejadas de sus localidad y viviendas; es decir, cuatro de cada 10 casos ocurrieron en su territorio.
Uno de los acontecimientos que generó el mayor desplazamiento ocurrió en Chiapas, entre los municipios de Aldama y Chenalhó, un conflicto territorial que obligó a dos mil 36 indígenas tzotziles a abandonar sus comunidades y acampar por meses a la intemperie, sin alimento y sin atención médica en el poblado Xuxchen.
Una disputa de más de cuarenta años, que en su camino ha dejado al menos 24 muertos, y que inicia su camino a la redención. Pobladores de ambos municipios firmaron el 4 de junio pasado un histórico acuerdo de no agresión, con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y del gobernador Rutilio Escandón, como testigos.
Temor, la principal causa
Aunque la violencia sigue siendo la principal causa del desplazamieno, existe otro fenómeno que lleva a las personas a dejar sus viviendas, y es el temor a los efectos de esa violencia. Al menos 68% de los actos de huida de las comunidades se dio por esta causa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán; aunque en estos casos también se reportaron ataques, enfrentamientos y amenazas.
Otro alto porcentaje de situaciones que llevaron a la población civil a dejar sus lugares de origen fueron las incursiones y los ataques armados directos. También, las balaceras entre los propios grupos delincuenciales o de éstos con autoridades.
Pese a su gravedad, el asesinato de miembros de la comunidad de origen es la causa que menos relación tuvo con los desplazamientos, pero motivó ocho eventos de abandono de comunidades.
Tzotziles, los más afectados
Entre los 25 registros que ofrece el informe de la CMDPDH de desplazamiento interno forzado, cinco de ellos tuvieron como víctimas a distintas poblaciones indígenas, cuatro de éstos ocurrieron en Chiapas; es decir, el total de desplazados en dicha entidad pertenecían a estas comunidades.
De cada 10 personas desplazadas en México, cuatro son indígenas, un total de cinco mil 167 habitantes de comunidades en su mayoría chiapanecas (el 45% del total). Pero los más afectados fueron los tzotziles, cinco mil 35 del total pertenecían a este pueblo, el resto, 132 eran nahuas.
El informe consigna que la cifra total de casos muestra una disminución con relación a 2017, cuando se registró 60.44% de desplazados pertenecientes a alguna de estas poblaciones indígenas.
De regreso a casa
El desplazamiento no en todos los casos es para siempre o al menos no es el deseo de los pobladores. Durante el año pasado también se registraron tres retornos a sus comunidades de grupos de personas internamente desplazados, aunque no el grupo completo.
Por ejemplo, en noviembre de 2018, un grupo de desplazados de la sierra de Leonardo Bravo, Guerrero, intentaron —resguardados por policías estatales, el Ejército y funcionarios del gobierno estatal— regresar a su comunidad. Un grupo de civiles armados los atacó a balazos, y desistieron.
Este último caso y uno de los regresos consumados, fueron motivados por la presión de funcionarios del gobierno, pero sin que éstos brindaran las condiciones que garantizaran su plena seguridad, denunció la organización al presentar su informe.
Y aunque al menos 23.75% pudo volver a sus hogares, 238 familias de indígenas tzotziles desplazadas en dos ocasiones por el conflicto territorial en Chalchihuitán, Chiapas, no lo han logrado.