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Tomás de la Rosa

tdelarosa@ejecentral.com.mx

El hijo y el sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, están en riesgo de perder 850 millones de dólares. La estrategia legal que iniciaron Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White en una corte federal de Nueva York, para reclamar daños y perjuicios cometidos contra su empresa Oro Negro, en los últimos días sufrió los más fuertes embates jurídicos.

Los acreedores demandados (grupo ad hoc) por los White, expuso al juez más de un centenar de casos (como los de AT&T, Pfizer, Texaco, Coca-Cola Company, Boeing, Delta Airlines, Lexmark, Citigroup, entre otros) por los cuales debe desechar el caso.

El argumento central es que Gonzalo Gil White carece de personalidad jurídica para representar a la empresa, ya que con la declaración de quiebra (proceso de venta) por parte del juez mexicano que llevó el concurso mercantil de la petrolera, los fundadores de la empresa perdieron la dirección de la compañía, al quedar en manos de un especialista (el síndico) registrado ante Poder Judicial de la Federación, a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom).

Del grupo ad hoc (integrado principalmente por algunos acreedores) sobresale AMA Capital Partners, que fue la descubrió un posible desvió de fondos por parte de Oro Negro. También está Fintech Advisory, la empresa del millonario regiomontano David Martínez Guzmán), entre otras de las 24 compañías.

Esos acreedores es a quienes acusó la petrolera por supuesto contubernio entre ellos y con Petróleos Mexicanos (Pemex) para sacarla del mercado, por lo que exigen los primos White una reparación de daño por 850 millones de dólares, según los reportes de la corte de Nueva York. 

En el caso de los primos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White amerita una pena de tres a 12 años de prisión por conducta dolosa, según el artículo 271 de la LCM.

Así, ese litigio (de dos) en Estados Unidos, no sólo avanzan a contracorriente, sino que aportan cada vez más datos sobre la trama con la que integraron la ya quebrada petrolera mexicana Oro Negro, que constituyeron con sólo mil pesos y extendieron en su andamiaje financiero a Singapur, Estados Unidos, Islas Caimán y México. Ahora, sin activos monetarios y deudas por 900 millones de dólares, los primos Gil White y Cañedo White, reclaman en los dos juicios más de mil 500 millones de dólares por daños.

El segundo litigio se refiere a que Oro Negro —encabezado por Cañedo White y Carlos Enrique Williamson Nasi (ambos en representación de Axis Services, Axis Holding, Clue y el Fideicomiso 305952) y otros 26 inversionistas— inició un arbitraje al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial. 

Es el caso conocido como “Alicia Grace y otros”, en el que demandan al Estado mexicano el pago de daños por 700 millones de dólares aún está en trámite.

Otro de los golpes sufridos contra los dueños de Oro Negro ocurrió la primera semana de septiembre, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de Interpol una ficha roja para la localizar y detener a los fundadores de Oro Negro: Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso Del Val Echeverría y Miguel Ángel Villa Vargas.

Tribunal analiza desechar demanda

El Grupo Ad hoc argumentó que los fundadores de Oro Negro carecen de representación de la empresa, porque el 13 de junio de 2019 el juez mexicano que lleva el caso declaró la quiebra de la petrolera. Ahora el representante de la compañía es Fernando Pérez Correa (el síndico), quien se mantiene al margen del proceso legal, al menos hasta el 26 de agosto pasado.

Además, el Artículo 184 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), señala que “los administradores, apoderados y representantes del comerciante (para el caso, Oro Negro) no tendrán personalidad ni legitimación para representarlo en la etapa de quiebra dentro del proceso concursal”.

“Los administradores, apoderados y representantes del comerciante (Oro Negro) no tendrán personalidad ni legitimación para representarlo en la etapa de quiebra dentro del proceso concursal”. Artículo 184 de la Ley de Concursos Mercantiles

El despacho de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, con oficinas en Estados Unidos, China, Hong Kong, Inglaterra, Japón y Canadá, argumentó al tribunal neoyorquino que debe desechar la demanda porque todos los actos reclamados ocurrieron en México.

Los abogados del Grupo Ad hoc, que también ha defendido a los acreedores de otras petroleras (Boart Longyear, Pacific Drilling,  GenOn Energy, Quicksilver Resources y Ultra Petroleum, entre otras), detallaron que el supuesto complot de Pemex contra Oro Negro, el embargo de cuentas bancarias, los procesos penales contra los fundadores y principales exdirectivos, y la incautación de las plataformas petroleras, todo sucedió en México.

Irregularidades

Un mes antes de que Oro Negro solicitara acogerse a la protección judicial frente a sus acreedores, en octubre de 2017, la prestamista AMA Capital Partners (del Grupo Ad hoc) detectó un faltante de 16 millones de dólares en el fideicomiso creado para recibir los pagos de Pemex. Así de los 138 millones pagados, menos 33 millones de dólares de gastos, los proveedores de las plataformas petroleras debieron recibir 105 millones y no los 89 millones que transfirió el fideicomiso.

Además, detectaron el supuesto pago de medio millón de dólares a empresas fantasmas entre 2014 y 2017.

Así, el 14 de septiembre de 2018 los propietarios de las plataforma presentaron una querella ante la procuraduría capitalina, para investigar la probable administración fraudulenta.

También señalan que previo a solicitar el concurso mercantil, los acreedores hicieron una propuesta para permitir a Oro Negro aceptar las menores tarifas de Pemex; sin embargo, el planteamiento de Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White fue reducir la deuda de los casi 900 millones de dólares a 300 millones a través de un canje de deuda por capital.

Este escenario complica más la situación de los primos White, porque la ley estipula una pena de tres a 12 años de prisión por conducta dolosa, según el artículo 271 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM).

Además, en una declaración a la corte de Nueva York, el abogado mexicano Luis Asali Harfuch, socio fundador del despacho Bufete Asali, señaló que la ley mexicana (Código Civil Federal) no permite la recuperación de honorarios y costos legales.

De acuerdo a datos del juzgado mexicano, hasta marzo pasado el gasto legal de Oro Negro con el despacho estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan era de 11.9 millones de dólares. 

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