Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro

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Jonathan Nácar

Aunque dentro de las atribuciones y obligaciones legales de la Policía Federal está la encomienda de investigar y generar inteligencia de la operación de los grupos delictivos que operan en el país y en estados en particular, la institución reconoció que en sus registros no contaban con los elementos suficientes que dimensionaran la capacidad operativa, logística y financiera de Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

De acuerdo con las respuestas con folio PF/OCG/UDDH/4772/2017, firmadas por José Saab Aldaba, director general de Apoyo Jurídico de la Inspectoría General de la Oficina de la Comisión Nacional de Seguridad, emitidas a la solicitud de la Primera Visitaduría General de la CNDH sobre las actuaciones previas, durante y posteriores a los hechos del llamado caso Iguala, la Policía Federal sostiene en la mayoría de las peticiones que carece de registros, que no cuenta con información y que es incompetente de otorgar los elementos necesarios para la debida integración del expediente del caso, ante lo cual canaliza las peticiones a otras instancias federales y locales.

Parte de las evidencias del nulo diagnóstico con el que contaba la institución respecto a las operaciones de Guerreros Unidos y Los Rojos, antagónicos a los primeros, es que no tenían un mapeo de sus zonas de operación en el estado ni en los municipios donde ocurrió el ataque contra los estudiantes normalistas y los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

Ante la solicitud de la CNDH sobre la identificación de las zonas de influencia de ambas organizaciones criminales, la Policía Federal responde que “no cuenta con la información solicitada, por no ser la instancia competente y facultada para recabar la misma”, por tanto, remite al organismo a consultar dicha petición con la Procuraduría General de la República (PGR) que “por su ámbito federal” resulta competente, de igual forma señala que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a través del Centro Nacional de Información como los facultados de establecer y resguardar las bases de datos criminalísticos.

Con esa misma argumentación, la dependencia encabezada por Manelich Castilla, reconoce que “no existen registros sobre comunicaciones sostenidas con otras dependencias de la Federación sobre el tema de la incidencia delictiva en Iguala”, y aclara que “el intercambio de información sensible sobre el tema, se lleva a cabo en reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, a las cuales convoca el titular del Ejecutivo del estado, quien preside las reuniones y controla los documentos que en ella se generan”.

Pese a que la propia institución reconoce que a través de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en la entidad sí forma parte del Grupo de Coordinación Guerrero, indica que en un archivo no hay antecedente de la fecha a partir de la cual se incorporó al grupo en donde tiene el objetivo de “coordinar las acciones en materia de seguridad pública y garantizar el Estado de derecho, preservar el orden y la paz pública a través de la colaboración de los tres órdenes de gobierno”.

Luego de los hechos de Iguala, la PF asumió la seguridad pública tanto en ese municipio como en Cocula. El 6 y 14 de octubre del mismo año suscribió convenios de colaboración con autoridades de ambas localidades, la dependencia reconoció carecer de un informe acerca de las condiciones de la incidencia delictiva en esos municipios.

Según establece la propia ley de la Policía Federal, en su inciso VI referente a sus atribuciones y obligaciones, ésta se encuentra facultada para “recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva”.

¿No se conocen?

Un antecedente de la posible vinculación entre miembros del crimen organizado y agentes federales se registró el miércoles 28 de octubre de 2015, cuando nueve policías y un presunto integrante del cártel de Guerreros Unidos, identificado como Modesto Peña Celso fueron retenidos por pobladores del Carrizalillo, en el municipio guerrerense de Eduardo Neri, al ser acusados de intentar detener por la fuerza al comisario ejidal, Ricardo López García. Unas horas después, la comunidad entregó a las autoridades federales tanto a los uniformados como al supuesto criminal.

En el reportaje La DEA ocultó la verdadera noche de Iguala, publicada por este semanario el pasado 19 de abril se dio cuenta que Modesto Peña, junto con sus hermanos Valeriano y Onofre son identificados por las autoridades como integrantes de Guerreros Unidos en la comunidad del Carrizalillo, quienes según las evidencias de comunicación entre integrantes de este cártel habrían sido movilizados en los días de los hechos para el bloqueo de carretas y manifestaciones como parte de la estrategia del grupo criminal para reducir los costos tras el ataque a los normalistas.

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, la información que revelan los más de mil mensajes enviados entre jefes de Guerreros Unidos durante los hechos de Iguala e interceptados por el gobierno estadounidense a través de la DEA es que “no se trata de un accionar del Estado mexicano para generar cualquier tipo de situación indebida”, sino de una confusión por parte de esta organización delictiva, en la que no hubo vinculación del Ejército mexicano, sostuvo el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandro Flores Ramos.

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