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María Idalia Gómez, Jonathan Nácar, Luis León, Óscar Santillán, Jair Avalos y Jorge Luis Sierra

Los documentos de las pesquisas emprendidas por la DEA a la organización Guerreros Unidos fueron protegidos para evitar su filtración, así lo ordenó el juez magistrado Sidney I. Schenkier el 9 de diciembre de 2014.

“Todos los materiales proporcionados por los Estados Unidos en preparación con, o en conexión con cualquier etapa de los procedimientos en este caso están sujetos a esta orden de protección y pueden ser utilizados por los abogados de los acusados y demandados únicamente en conexión con la defensa de este caso”, se especificó en la orden.

Una vez terminado el caso, la orden señaló que todos los materiales y copias hechas se podrán eliminar de tres maneras, a menos, se especifica, que el Tribunal decida lo contrario.

“Los materiales pueden ser (1) destruidos, (2) devueltos a los Estados Unidos o (3) conservados en el expediente del abogado defensor”.

Además se señaló que los acusados y los abogados de éstos no podrían contar con copias que no hayan sido autorizadas por el Tribunal.

En cuanto a los testigos potenciales y sus defensores se les permitió contar con copias para preparar su defensa, pero sin la posibilidad de retenerlas sin autorización del Tribunal. Aunado a que se ordenó que los materiales no se pueden divulgar fuera de los Estados Unidos, salvo que existiera autorización.

En cuanto a las copias generadas del material, éstas tendrían el mismo tratamiento que las originales, es decir, serían protegidas para evitar su filtración.

›También se estableció que los Estados Unidos tenían el derecho de solicitar la devolución de los documentos entregados a los abogados de sujetos acusados por error. “En la medida en que cualquier material sea producido por los Estados Unidos para los acusados o los abogados de los acusados por error, los Estados Unidos tendrán derecho a solicitar la devolución del material y lo harán por escrito”.

En consecuencia, dentro de los cinco días posteriores a la petición los acusados o el abogado tendrían que entregar el material, ya sea en forma impresa o en caso de que hayan sido guardados en archivos electrónicos se debería que especificar que todas las copias fueron eliminadas.

“Las restricciones establecidas en esta Orden no se aplican a los documentos que son o se vuelven parte del registro público judicial, incluidos los documentos que se han recibido como evidencia en otros juicios, ni las restricciones en esta Orden limitan a los abogados defensores en el uso de materiales de descubrimiento en procedimientos judiciales en este caso”, concluyó la orden.

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