Ernesto Ruiz Flandes, exalcalde de Altotonga, Veracruz,
de 2018 a 2021, tiene un historial que incluye 11 sanciones por ejercer violencia política contra las mujeres basada en género, habiendo reincidido en cinco ocasiones. Sin embargo, ¿ha resultado en alguna acción penal en su contra? No.
Ruiz Flandes es una de las 378 personas que aparecen en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género (RNPSVPG). En esta lista también se encuentran el nombre del diputado federal Gabriel Quadri de la Torre, del Partido Acción Nacional (PAN), así como los comunicadores Pedro Ferriz Híjar y Carlos Alazraki.
Del total de quejas, 180 (47%) no ameritaron sanción, mientras que en 118 (31%) se impuso el pago de una multa, y en 59 (15%) se ordenó una disculpa pública, como fue el caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT), quien salió del registro después de cumplir con las medidas dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El registro también señala que la mayoría de los casos ocurrió en el ámbito local, siendo Oaxaca la entidad con más quejas (132).
Asimismo, los presidentes municipales del país son los que más sanciones acumulan (21%); les siguen los ciudadanos (18%) y los regidores (14%). Esto explica por qué las regidoras y las presidentas municipales son las principales víctimas.
Visibilizar la violencia
Dania Ravel, consejera del INE, menciona que en 2018, la Organización de Naciones Unidas (ONU) México documentó que los municipios suelen ser los de “mayor resistencia”, ya que permiten que una mujer ejerza un cargo público debido al “control masculino con formas autoritarias y caciquiles”.
“En el ámbito municipal, la disputa al interior de los partidos políticos para lograr las candidaturas se traduce en un ambiente de elevada tensión y violencia, la cual se ve recrudecida en contra de las mujeres porque a la violencia política se suma una violencia basada en roles y estereotipos de género”, dice Ravel en entrevista con este medio.
Georgina de la Fuente, integrante de la Red de Politólogas, considera que este registro nacional, implementado en 2020, ha sido efectivo para visibilizar este tipo de violencia contra las mujeres.
Pero añade que enfrenta retos importantes para evitar que las personas que figuran en el registro continúen desempeñándose en la política.
“El registro no puede ser por sí solo una herramienta efectiva para combatir la violencia política en razón de género, se requieren múltiples intervenciones. Las mujeres siguen excluidas (de la política) con pocas posibilidades de interponer quejas sin sufrir represalias.
Es necesario construir mayores contextos de exigencia para los partidos políticos”, indica De la Fuente.
Este es el contexto de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el ámbito político, especialmente relevante ante el próximo 6 de junio, cuando los mexicanos acudirán a votar en elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión y la Presidencia del país.
En enero de 2022, hombres armados asesinaron a Benjamín López Palacios, alcalde de Xoxocotla, Morelos.
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