El contagio del Presidente constituye un hecho muy grave desde muchos puntos de vista; uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que, durante su convalecencia y sin su cuidado, se apruebe una reforma que podría venir a provocar descalabros en un sistema bancario y financiero que ha gozado de estabilidad a lo largo de las últimas décadas, y que así debería permanecer: intocado.
Hay muchos hechos inciertos alrededor de la desafortunada enfermedad que aqueja al Jefe del Ejecutivo, que ponen en evidencia un mal manejo de la comunicación oficial: nadie sabe con certeza si Andrés Manuel López Obrador está o no vacunado, y qué vacuna se le aplicó; nadie puede responder si, a la hora que abordó el avión este fin de semana, él ya había sido informado del resultado positivo de su evaluación médica; hoy, nadie está enterado del tratamiento que se le está aplicando o qué avance va teniendo la enfermedad. Esa enorme cantidad de lagunas no debería de existir en el conocimiento de los asuntos más importantes del país, como lo es la salud del Presidente. Esperaríamos que ese fenómeno tampoco se replique en el ámbito de una nueva legislación del Banco de México que se cocina en la Cámara de Diputados, y que resulta igualmente relevante para la economía nacional.
Por el bien de México y por la estabilidad de quienes lo habitamos, ojalá que pronto se tengan noticias de que el Presidente logró superar el reto de salud personal. Va a ser muy importante que su recuperación venga de la mano con el acuerdo para que los partidos que lo acompañan, Morena, el Verde y el PES, suspendan las deliberaciones que ya impulsan para cambiar las políticas del Banco de México en materia de compra de divisas, y se permita retomar ese tema con la más profunda seriedad.
Sería terrible que se conduzca al pueblo de México a la espiral de tesis y elucubraciones relacionadas con la idea que ya se comparte en las redes, de que la enfermedad es solamente una cortina de humo que busca ocultar el proceso de reformas a la ley que vulneran la autonomía del Banco Central, o que se trata de un foco para desviar la atención en torno de una modificación que aún suponiendo que beneficiara un proyecto electoral, podría llegar a tener efectos muy graves para la estabilidad del país, problemas similares a los que se atravesaron en la década de los setentas y principios de los ochentas.
El proyecto político de la 4T está íntimamente vinculado a un amplio bagaje de programas sociales que conllevan un exorbitante gasto de recursos públicos, todos los cuales necesitan de la disposición inmediata de las arcas públicas o de un crecimiento económico extraordinario que los sostenga, –este último supuesto no se ve próximo ni viable.
La modificación del marco legal del Banco de México puede ser un primer paso, de varios concatenados, que podrían vulnerar su funcionamiento en el mediano plazo. El rediseño técnico del Banco facilitaría el uso de la llave de acceso a los recursos que concentra, una aspiración que no se ha evidenciado, pero a la que podría estar atado el sostenimiento de la agenda populista de hondo calado y larga duración sobre la que algunas corrientes al interior del gobierno se postulan.
El problema que se advierte al desdeñarse el impacto de esta primera reforma, tiene que ver con la facilidad con la que dicho paso legislativo podría dar lugar al segundo y a ulteriores. La peligrosidad de los efectos que pudieran o no llegar a causar las reformas a la ley en este caso, aún variándose el alcance del dictamen, es que aceptándose la posibilidad de que la conducción técnica del gobierno del Banco de México se decida en la ley, permitiría que cualquier política monetaria posterior se decida mediante reformas aprobadas en el seno del Congreso de la Unión.
Aún ante la posibilidad o inminencia de un proceso judicial de control constitucional ¿favorecerá la Suprema Corte de Justicia una interpretación de la Constitución que superponga el ejercicio de las facultades técnicas del Banco de México a la soberanía popular representada por los legisladores integrantes del propio Congreso de la Unión? A pesar de que una tesis de esa índole se sostuvo por la Corte al estudiarse la constitucionalidad de las disposiciones generales que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la sentencia fue ampliamente cuestionada y criticada.
Aceptar que el legislativo puede imponer al Banco central una obligación de comprar divisas en el mercado, entraña un planteamiento constitucional que podrá desembocar mañana en una modificación legislativa para obligarlo a no vender divisas internacionales en el mercado. La puerta que se intenta abrir, abate hacia los dos lados. Si se permite una, por mayoría de razón debería de permitirse la otra.
Podríamos encontrarnos en la antesala de un descalabro económico mayúsculo, como el que se vive en muchos países en América Latina, o como los que ya atravesamos décadas atrás. ¿Será posible que el legislativo pueda imponer políticas monetarias mediante modificación a la ley? Entonces, la popularidad de los programas sociales, altamente demandantes de capital, nos podría llevar a la imposición de medidas para limitar el volumen de divisas que el Banco de México pueda poner a disposición de la banca comercial, o cláusulas y restricciones relacionadas a la identificación de los sujetos o las operaciones para las cuales son vendidas, por mencionar algunas. La ley podría determinar mecanismos para la fijación de la paridad cambiaria fuera del mercado, o el establecimiento de fórmulas y políticas para controlar su deslizamiento.
Argentina, por mencionar un ejemplo, tiene una pluralidad de tipos cambiarios que impactan negativamente a su economía. La vida que enfrentan los empresarios argentinos en el ámbito de las exportaciones los obliga a contar con esquemas fiscales complejos que hacen lento, caro y engorroso el proceso de importación o exportación de mercancías al sur del continente. La solución se ha encontrado mediante el establecimiento de compañías extranjeras que sustituyen la fase comercial y de distribución de los bienes que produce el país andino, en detrimento de la capacidad exportadora del mismo país y de su potencial crecimiento del PIB. Los argentinos conviven con una pluralidad de tipos cambiarios, entre el oficial y los que se manejan en mercados paralelos, una pesadilla que perjudica su capacidad adquisitiva. Los casos de Cuba y Venezuela, ni siquiera merecen la pena ser mencionados.
Abrir la puerta para permitir que el legislador imponga a cargo del Banco la obligación de comprar dólares, conduce a reconocer la facultad del legislativo para modificar la ley e imponer cualquiera otra política que pudiera valorarse por la mayoría de legisladores, en franca desatención a la especialidad técnica-constitucional que nuestra Carta Magna reconoce a favor de dicho órgano constitucional. Eso no se puede permitir de ningún modo. Ojalá que el Presidente de la República se recupere pronto, no para promulgar una ley de este tipo, sino para aclarar que no es esa la vocación de su proyecto alternativo de nación.