Un caso que provocó revuelo en las redes sociales la semana pasada, fue el tweet que compartió Regina Tamés, Directora de GIRE, sobre la presencia exclusivamente masculina en un foro de la Secretaría de Salud, referente a la unión de esfuerzos en pro de la lactancia materna. La fotografía que compartió en su cuenta, en la que aparece el Secretario de Salud y seis acompañantes en el presídium, ninguno de ellos mujer, en un posicionamiento oficial referente a un acto cuya temática estuvo dirigida a tratar aspectos relacionados con esa etapa vital de la maternidad, fue políticamente demoledora. La crítica puede dar lugar al planteamiento de serios cuestionamientos en torno de nuestro sistema democrático; ¿acaso no era evidente que en una conferencia de tan particular naturaleza debía de estar representada la mujer? El mensaje fue machista o, por decir lo menos, torpe. ¿Pudiéramos decir lo contrario? Abrir el tema a discusión conllevaría fatalmente a reconocer que la ciudadanía tendría que tener una participación directa en el posicionamiento de cuanta problemática se aborde por los órganos de poder público. ¿Es conveniente? Considero que así como en unos casos, -como el de la nota antes analizada, si lo sería-, en otros lamentablemente no. La Constitución establece con claridad en su artículo 39 que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Es éste la fuente originaria de la soberanía nacional. Sin embargo, con la misma claridad establece en su artículo 40 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en los que éste queda depositado. Es la esencia de la representatividad gubernamental. Sostener la tesis de que la democracia se debe ejercer de manera directa por la ciudadanía, conduciría a suponer que el pueblo debe decidir su destino en función de su deliberación directa, conclusión que sería terriblemente nociva y peligrosa. A través de los causes que la Constitución establece, el gobierno de la República canaliza y da sentido al reclamo de las minorías, que a través de los Poderes constituidos goza de una representación, con voz y voto en cada una de las discusiones en el parlamento. El carácter nocivo de la discusión directa de la ciudadanía tiene que ver con la imposibilidad real para que las minorías se vean respetadas. Tratándose de la democracia directa, a través del voto ciudadano, la mayoría se impone y es la única que cuenta, al no haber mecanismos alternativos que den un cause a quienes no forman parte de ella. Esa posibilidad es sobre todo peligrosa, pues el ejercicio de la democracia directa provoca un encono social que acaba traduciéndose en una división violenta, potencialmente desestabilizadora de la paz social. El ejercicio de la democracia directa se debe tratar con cuidado. No por sostener un discurso políticamente correcto vayamos a caer en la tentación de abrir espacios que podrían ser peligrosos para una sana convivencia nacional; la representatividad gubernamental tiene una razón de ser. El ejemplo de la semana pasada podría no ser el más evidente para demostrar el valor de las instituciones, pero sí es una invitación para que reflexionemos al respecto. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el licenciado López Obrador inauguró el primer foro de consulta nacional a la ciudadanía para lograr la paz y reconciliación, un proceso de discusión que durará cinco meses y en el que las víctimas tendrán un papel central. A los foros serán invitados todos…las víctimas, los indígenas, campesinos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y religiosas, y las autoridades locales. En congruencia con los postulados en que se funda el reclamo de la inclusión en la democracia directa, debería de aceptarse que se involucre en la discusión al delincuente, al drogadicto, al secuestrador o a los sicarios, ya que son el otro extremo de la problemática social que se debe atender. Encontrando dicho postulado una lógica en la labor científica inherente a la comprensión de las causas del delito -fuente de la inseguridad-, a sus modos de concepción y consumación, sería a todas luces ilógico conceder voz a quienes encuentran a través de la violación ordinaria de la ley una forma de vida. La participación de la ciudadanía no puede sustituir la responsabilidad que debe tener el Estado en el impulso de políticas y programas encaminados a resolver los problemas de nuestra cotidianeidad, concebidos de manera directa por quienes son depositarios de esa función, nuestros gobernantes. Suponer lo contrario podría conducir a la liberación de toda responsabilidad política a su cargo, pues se encontraría en la ciudadanía al autor de aquellas decisiones errada. Transferir el deber de gobierno depositado en los órganos de representación política a la ciudadanía, en pos de la democracia, no es gobernar, entraña una clara violación al mandato de la Constitución. En la democracia no se deben tomar decisiones entre todos, sino que se deben impulsar acciones de gobierno para todos. @Cuellar_Steffan
Los extremos de la democracia directa
