El Poder Legislativo, prácticamente en todos sus ámbitos, el Federal y el de cada uno de los Estados de la República, constituye uno de los órganos peor percibidos y peor evaluados por la ciudadanía; tan solo hace unas cuantas semanas circulaba el video a través del cual, en entrevista de una televisora, algunos diputados no supieron responder cuántos artículos tiene la Constitución o cuál es el artículo de la misma Carta Magna que se refiere a la educación. Ya que con los tropiezos que arroja la renegociación del TLC y la repatriación de migrantes disminuirán los ingresos del Gobierno, ¿valdrá la pena concretar, ahora sí, la disminución del número de curules que conforman el Congreso?
Pocas personas saben y entienden cuál es la trascendencia de la labor legislativa; sí, a veces, no lo saben, ni siquiera, quienes ejercen esa misma labor. El problema que arroja esta circunstancia, estriba en determinar qué ha fallado, la figura del Congreso mismo, o Juan López, quien por decisión de la gente o de su partido, sin deberla ni temerla, acabó gozando de los privilegios que entraña discutir las leyes.
Nuestro sistema jurídico está cifrado en un principio fundamental, del que deriva el entendimiento de la relación existente entre nosotros como gobernados y nuestros gobernantes, se trata del principio de legalidad: las autoridades pueden hacer exclusivamente aquello que está previsto en una Ley, mientras que nosotros, los gobernados, podemos gozar de libertad para hacer aquello que nos venga en gana, salvo lo que expresamente esté prohibido en una ley. Así, las leyes constituyen facultades y concesiones a favor de la autoridad, y restricciones y limitaciones en contra del gobernado.
Evidentemente que, bajo tales consideraciones, la discusión de las leyes constituye una labor cotidiana de absoluta trascendencia para toda la ciudadanía, porque a través de ellas se establecen las vías para la solución de los problemas que emanan de la realidad histórica, pero sobre todo, se veda de un modo u otro nuestro derecho humano de libertad.
Los legisladores no tienen el deber de ser peritos en derecho, sino el deber de estar claramente empapados de la realidad histórica de la ciudadanía representada, que a través de las leyes se habrá de abordar. Evidentemente que la inmediatez de la actividad parlamentaria acaba por verse mejor entendida por quienes son profesionales del derecho, pero no son los legisladores que tienen el título de abogados quienes acabarán por ser quienes mejor entiendan los problemas de salud pública, de seguridad, del medio ambiente, de energía, de telecomunicaciones, de desarrollo urbano o de recaudación fiscal, que consignan las leyes. Se necesitan expertos en cada ramo para que la redacción de la ley sea la más adecuada y racional con relación a la problemática objetiva que las normas habrán de tratar.
Es precisamente en la búsqueda de esos expertos que el cupo de los plurinominales ha logrado balancear la labor legislativa. Normalmente, los mejores profesionistas no son los mejores candidatos políticos,o los más populares y los más adiestrados oradores; pero éstos, a su vez, tampoco son los que mejor conocen del derecho, finalmente, quizá ninguno de los dos anteriores podrían ser quienes se encarguen de efectuar una mejor gestión pública para la ciudadanía.
Precisamente esa variedad de cualidades entre quienes acaban por ser legisladores, constituye el nutrimento de quienes integran el Congreso.
Se valora la conveniencia ciudadana de poner fin a un número determinado de legisladores, porque representan un gasto significativo, y yo me pregunto si la decisión es la más acertada, desde un punto de vista estrictamente constitucional.
No pugno en forma alguna con la absoluta necesidad de que ya haya un punto final y la obligación infranqueable para que el legislativo rinda cuentas a la ciudadanía (quizá el factor de la reelección empezará a redundar en ese sentido). No me opongo a que haya una medición de la capacidad intelectual (no profesional) de quien haya de desempeñar el cargo, y una introducción al estudio mínimo del derecho parlamentario, como prerrequisito esencial para desempeñar la función, desde luego. Jamás podría estar en contra de la decisión responsable de quienes tienen la alta encomienda de expedir las leyes, de reducir los gastos en forma solidaria con la situación económica que atraviese el país, en un momento dado.
No puedo estar de acuerdo, en cambio, en la supresión indiscriminada del número de legisladores, sin miramiento de las necesidades legislativas que en un momento dado puede llegar a tener que enfrentar el país. Menos diputados implica menos capacidad de trabajo, por un lado, pero más empoderamiento de los remanentes para la conclusión de labores que, sin lugar a dudas, implican la necesidad de una mayor discusión plural. El número de legisladores y la composición bicamaral constituyen una garantía constitucional en pro del régimen democrático de gobierno que enarbola nuestra Constitución Federal y las de los Estados.
Si de reducción de costos se trata, porqué no se habla de la conservación del número total de curules, de la profesionalización parlamentaria de los plurinominales, y del servicio legislativo eventual; es decir, porque no se piensa en la función legislativa ordinaria que pueda cumplir un número reducido de legisladores en los períodos contemplados para tales efectos, y en la labor legislativa extraordinaria, como la de transformación constitucional y fiscal, para la que se llame a legisladores igualmente electos y designados, que sólo acudirán y serán retribuidos eventualmente, pero quienes tendrán la altísima responsabilidad de participar activamente en la labor de discusión democrática del contenido de las leyes. Pareciera como que con el ánimo de disminuir costos, de darle gusto al público, se pasa por alto la importancia de la representatividad que tienen los legisladores. Menos costos y menos calidad parlamentaria.