Ante poder del Ejército, no hace falta un golpe de Estado: WOLA
WOLA señala al presidente López Obrador de profundizar la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad pública en el país
TEQUILA, JALISCO, 14MARZO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México encabezó la Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional. Lo acompañaron: Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado de Jalisco; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; Eduardo Redondo Arámburo, Subsecretario de Marina; Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional; Arturo Trinidad González, Comandante de la V R.M. y Beatriz Miramontes Rivera, Presidenta Municipal de Tequila, Jalisco. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
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En México, el poder adquirido por el Ejército, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es ya tan grande que “no hace falta un golpe de Estado”, advierte la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El documento “México militarizado: una guerra perdida que no ha traído la paz”, señala al presidente Andrés Manuel López Obrador de profundizar la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad pública en el país.
De acuerdo con un análisis, WOLA advierte que la militarización en el país es tan profunda que no necesitaría un golpe de Estado pues el Ejército ya controla muchos ámbitos fuera de la seguridad pública.
El análisis refiere que pese a que en 2012 Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en caso de ser presidente, sacaría al Ejército de las calles, en 2019 creó Guardia Nacional (GN), una corporación federal de seguridad, que están a cargo de las tareas policiales federales. Así, las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones de seguridad pública, vigilancia de instalaciones estratégicas, control de puertos y aduana e incluso en el control migratorio.
WOLA señala que la militarización detonó en graves violaciones de derechos humanos. Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron son delitos cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles ampliamente documentados en los últimos años.
Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos.
Según la misma encuesta, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10%-13% de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron sufrir una violación sexual en el marco de la detención.
A la luz de la violencia perpetrada por el Estado, sumada al fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia que hay en México, un gran número de voces llevan sexenios exigiendo la desmilitarización y la transformación del modelo de seguridad.
“La desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).”, señala WOLA.
“Con la seguridad en manos militares, y con las Fuerzas Armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar”, agrega.
El análisis de Stephanie Brewerconcluye que “ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el estado de derecho.”
“…actualmente, preocupa que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas.”, concluye.
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