En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 16 de julio se publicó un paquete de once decretos que reforman más de 27 leyes y crean cinco nuevas. Estas modificaciones legales no fueron resultado de un gran consenso nacional ni producto del diálogo parlamentario; sino la culminación de un periodo extraordinario de sesiones que, en tan solo nueve días, reformó sin diagnóstico, sin estudios de impacto y sin escuchar a nadie. Así se legisla hoy en México: al vapor, en lo oscuro y sin rendición de cuentas.
Con este episodio, se consolida una inercia legislativa profundamente autoritaria que lleva años gestándose. La 4T ha hecho del Congreso una extensión del Ejecutivo, una maquinaria obediente que legisla a golpe de consignas, despreciando el pluralismo, la técnica y los procedimientos constitucionales. Ya no hay deliberación pública. Ya no hay contrapesos. Lo que alguna vez fue una república representativa, hoy parece una oficina de trámites legislativos del presidente en turno.
El saldo de estas reformas es devastador. Se impone una CURP biométrica obligatoria para realizar cualquier trámite, público o privado; se crea una base nacional de datos personales accesible para el Ejército y la Guardia Nacional; se amplían sus facultades para vigilar, detener, acceder a telecomunicaciones y participar en procesos judiciales. Además, se reformulan las reglas sobre identidad, seguridad, telecomunicaciones, inteligencia, justicia penal, regulación administrativa, y hasta sobre el funcionamiento de las organizaciones civiles. Todo, bajo el manto discursivo de la “modernización” y el “combate al crimen”.
Pero lo que se nos presenta como eficiencia, es en realidad un rediseño autoritario del Estado. La vigilancia masiva sin controles judiciales, el acceso a datos biométricos de niñas, niños, jóvenes y adultos, la militarización de tareas civiles, la eliminación de órganos autónomos y reguladores, y la imposición de una “Agencia Nacional de Transformación Digital” sin contrapesos, configuran un modelo de gobierno donde la ciudadanía ya no es sujeta de derechos, sino objeto de control.
A partir de febrero de 2026, ningún niño podrá inscribirse a la escuela ni ninguna persona podrá recibir atención médica, abrir una cuenta bancaria o conseguir empleo sin haber sido previamente identificada con datos biométricos y registrada en tiempo real. Todo esto ocurre en un contexto de desaparición del INAI y sin una ley robusta de protección de datos personales. ¿Dónde queda entonces la privacidad, la autonomía o la presunción de inocencia?
El otro gran componente de estas reformas, es la consolidación del poder militar. Con las nuevas leyes, la Guardia Nacional (bajo control de la SEDENA) podrá intervenir en comunicaciones, detener personas y operar judicialmente sin controles civiles. La separación entre funciones militares y civiles desaparecida. ¡México militarizado, la seguridad precarizada y la democracia debilitada!
Y mientras tanto, el Congreso ha renunciado a su función. La discusión parlamentaria se ha vuelto un ritual vacío. Las votaciones se resuelven en minutos. Las voces disidentes son silenciadas o ignoradas sistemáticamente. Se ha institucionalizado la obediencia. Si seguimos permitiendo que las leyes se aprueben sin diálogo ni reflexión, perderemos no una ley más, sino nuestra posibilidad de vivir en un país libre.
¿Esto es una transformación o una imposición? ¿Una evolución democrática o una regresión autoritaria? Transformar un país implica construirlo con la gente, no en su contra. Y hoy, lo que se impone es una lógica donde el poder se concentra, las libertades se erosionan y el futuro democrático se derrumba. Es hora de encender las alarmas. Antes de que no quede democracia que defender, o lo que es peor, derechos y libertades por ejercer.
