Una vez más quedaron al descubierto los acuerdos secretos y la riqueza de líderes mundiales, políticos y empresarios multimillonarios, con la nueva filtración de documentos financieros.
La más reciente investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha impactado en la línea de flotación del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, cuyos integrantes resultaron idénticos a los funcionarios de otros sexenios.
El escándalo es mayúsculo. Entre los miles de nombres de personajes que utilizaron paraísos fiscales para amasar millonarias fortunas en el extranjero, figuran al menos tres personas muy cercanas al presidente de México: Julio Scherer, quien fue Consejero Jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT); y Julia Abdala, la pareja sentimental de Manuel Bartlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Quienes se ostentaron públicamente como mujeres y hombres libres de pecado, hoy han sido exhibidos recurriendo a prácticas legales, pero indecorosas, usualmente empleadas por delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes para el lavado de dinero, el fraude fiscal y actos de corrupción.
Al utilizar paraísos fiscales, no sólo pretendieron ocultar sus cuantiosas fortunas, sino que buscaron eliminar cualquier rastro sobre el origen de esos recursos millonarios y, de paso, evadieron impuestos.
El caso del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, es emblemático.
En público, su fulminante salida estuvo relacionada con el arribo de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación. No obstante, en los pasillos de Palacio Nacional siempre se comentó sobre los negocios de Scherer.
“Nunca dejó de hacer negocios, utilizando para ello a terceros. Están desde los de carácter inmobiliario, pasando por la venta de comida en las cárceles, el agua y hasta su actividad como abogado”, señaló Hernán Gómez Bruera en un artículo periodístico publicado hace unas semanas.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también reveló que Julio Scherer, como funcionario público obligado, omitió incluir en sus declaraciones patrimoniales la propiedad sobre un departamento ubicado en la zona exclusiva de Miami Beach, con un valor cercano a un millón y medio de dólares.
No fue un descuido cualquiera. Debió reconocer esa propiedad en su Declaración Inicial de 2018, al asumir el cargo; en mayo de 2019, 2020 y 2021 en las Declaraciones de Modificación Patrimonial; y a finales de agosto, al presentar su Declaración de Conclusión, una vez que quedó fuera de la Consejería Jurídica. Se trata de una falta grave, que debe ser sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La buena noticia es que el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que el Gobierno de México ya investiga las revelaciones de Pandora Papers y llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar los casos de corrupción.
Lo malo es que la Fiscalía General de la República (FGR), ha dado muestras claras y contundentes de incapacidad e indiferencia.
En tres años, la FGR no ha logrado judicializar un solo caso de corrupción relacionado con los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por lo que resulta previsible que los amigos de la 4T también permanezcan impunes.
La caja de Pandora fue abierta y parece que trae más de lo mismo.
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