Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial”. Luis María Aguilar Morales. Presidente de la SCJN
En un país acostumbrado a violar las leyes y al incumplimiento de las órdenes judiciales, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de destituir al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, tomó por sorpresa a todos. El máximo tribunal del país también ordenó que se procesara al anterior titular de la demarcación, José Manuel Ballesteros, actual diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, luego de que ambos no acataron una sentencia de amparo. Moreno Rivera y Ballesteros López no obedecieron un laudo laboral que los obligaba a otorgar los nombramientos de verificadores a dos trabajadores de la delegación, así como a pagar las diferencias salariales entre el cargo que tenían registrado oficialmente y las actividades que desempeñaban desde noviembre de 2003 hasta marzo de 2005. Además de que denunciaron que no contaban con los elementos para desempeñar esa responsabilidad. Dos días después, Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional en Gustavo A. Madero, y la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, libraron correr la misma suerte: una posible destitución por parte de la SCJN. En el primer caso, el promovente era Aceros La Brecha, empresa que demandó en 2015 la nulidad de una orden de visita de verificación de construcción y edificación, lo cual fue concedido por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el de la funcionaria federal fue por haber hecho caso omiso a la orden de un juez en la ejecución del juicio laboral 2388/2004 para que se cumpliera una sentencia de 2011, a fin de basificar a los demandantes, reconocerles antigüedad y pagar las aportaciones respectivas al ISSSTE. Sin mencionar ninguno de estos casos, el presidente de la Corte habló el viernes 10 de noviembre y lo hizo fuerte. Además de expresar la frase con la que abrimos el texto, dijo: “La corrupción es absolutamente inaceptable y debe combatirse con la mayor energía, sin tregua, sin demora y sin descanso”. En el marco de la inauguración de la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en Campeche, sostuvo que todas las sentencias deben ser acatadas, “con especial prontitud y eficacia las sentencias cuyo cumplimiento competen a una autoridad. Por eso la Constitución sanciona con gran rigor a aquellos que no cumplen las sentencias del juicio de amparo donde el juzgado es la autoridad. No es la primera vez que la SCJN interviene en casos de corrupción. El 5 de septiembre de 2016 declaró inválidas las reformas anticorrupción aprobadas por los congresos de Veracruz y Chihuahua, que la oposición identificó como un intento de blindaje para los entonces gobernadores salientes, Javier y César Duarte, a fin de que evadieran posibles investigaciones en su contra. Pesquisas que, por cierto, hoy están en curso. Quizás era necesario que la máxima autoridad judicial del país diera un manotazo y demostrara, con hechos, lo que muchas instituciones dicen en el discurso: que el combate a la corrupción va en serio; que se le debe combatir con la mayor energía, sin tregua, sin demora y sin descanso, y que fomentarla y solaparla, a la larga, nos destruirá como sociedad. Que la Corte siga siendo tremenda en las medidas para enfrentar este flagelo.