Al cumplir un año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene fuertes deudas con la clientela electoral que conquistó en 2018. La 4T es la marca de la improvisación gubernamental y AMLO el sello del político mesiánico y paranoico.
El fracaso de su política de seguridad pública ha desatado la violencia de los cárteles del crimen organizado y la anhelada paz social sigue siendo una promesa de campaña.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los primeros 10 meses de este año se han cometido 28 mil 741 homicidios dolosos y 833 feminicidios en el país, lo que da un total de 29 mil 574 víctimas. En 2018, el total de víctimas mortales fue de 28 mil 868, en el mismo lapso.
De continuar esta tendencia, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el año más violento de toda la historia de México. Y un dato adicional: el domingo, fecha del autohomenaje del tabasqueño, se registraron 127 muertes y ese día se convirtió en el más violento desde que comenzaron a establecerse las estadísticas en la materia.
Una ironía más en la vida política de AMLO, quien está decidido a reescribir la historia.
El estancamiento de la economía nacional que reconoció Arturo Herrera, secretario de Hacienda, no sólo ha significado un crecimiento nulo del indicador de riqueza del país durante tres trimestres seguidos, sino que las cifras de desempleo son definitivamente escandalosas: un millón 886 mil 205 mexicanos sin empleo.
El Inegi reveló que, tan sólo en los tres primeros meses del sexenio de López Obrador, la tasa de desocupación fue de 3.5 por ciento. Desde marzo de 2017, cuando las riendas del país estaban en las manos de un gobierno neoliberal, no había tantos profesionistas, burócratas y obreros angustiados por la falta de un ingreso fijo para alimentar a sus hijos, pagar renta y ofrecerles seguridad social a sus familiares.
El combate a la corrupción y la eliminación de las burocracias doradas, que han sido la causa de la desigualdad social en el diagnóstico de AMLO, permanece en la lista de ofertas incumplidas.
Aunque existen investigaciones contra funcionarios del sexenio priísta, como Rosario Robles y Emilio Lozoya, no hay señales de una verdadera estrategia de combate a la corrupción rampante que denunció durante su campaña, lo cual fortalece la idea del pacto de impunidad que habría firmado con Enrique Peña Nieto.
Además, la protección de la que gozan Manuel Bartlett y Carlos Lomelí sólo se explica como una concesión. Las revelaciones periodísticas sobre los inmuebles que el director de la CFE omitió incluir en su declaración patrimonial y los conflictos de interés del delegado de Morena en Jalisco, que permitieron a su emporio farmacéutico conseguir millonarios contratos con el gobierno, permanecen fuera del radar de la Secretaría de la Función Pública.
Para justificar la incapacidad de su gobierno, distraer la atención de la secuencia de errores e improvisaciones de su gestión y recuperar a los desilusionados de la 4T, Andrés Manuel López Obrador ya volvió a utilizar las teorías conspiratorias y el rumor de que es víctima de un complot.
En el pasado, esta estrategia le resultó exitosa y está dispuesto a emplear este viejo recurso para encarar las elecciones intermedias de 2021, cuando los mexicanos decidirán el futuro de la Presidencia de México en la primera consulta de revocación de mandato.