El caso Cienfuegos se ha convertido en una bomba de tiempo que pone en riesgo la relación diplomática de México y Estados Unidos.
La salida de Donald Trump y la llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca, la crisis sanitaria del Covid-19, la activación del T-MEC y el arribo de una nueva caravana de migrantes centroamericanos, ya eran elementos suficientes para generar tensiones en la relación bilateral. Incomprensiblemente, el Gobierno de México decidió atizar el fuego.
Con corto o nulo rango de operación, el canciller Marcelo Ebrard ha quedado sometido a restaurar una maltrecha relación bilateral, lo que pone en riesgo sus aspiraciones políticas con una larga cadena de tropiezos de política exterior.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, México hizo eco de la teoría del fraude electoral que Trump difundió, al emitir con retraso sus felicitaciones a Biden como Presidente electo; y se apresuró a celebrar que la mayoría de Morena en el Congreso estableció restricciones legales para los agentes de Estados Unidos que actúan en territorio nacional.
Cuando una turba invadió el Capitolio, el gobierno mexicano, no se refirió a la toma violenta de la sede del Congreso, sino que desde Palacio Nacional se lanzaron críticas a las plataformas de Twitter y Facebook por cancelar las cuentas oficiales de Trump; y sin que mediara petición de Julian Assange, el Presidente ofreció asilo político a quien la justicia estadounidense considera un traidor criminal, por filtrar secretos de guerra.
Como si no fueran suficientes los niveles de presión, el gobierno revivió el caso Cienfuegos. Con una rapidez inusual, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó cerrar el caso y exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional.
En unas cuantas semanas, la FGR desmontó más de 400 días de trabajo de los agentes estadounidenses.
Con la instrucción presidencial, el canciller Ebrard difundió el expediente completo de la DEA y los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos que fueron entregados al gobierno de México bajo condiciones de confidencialidad.
Las inconsistencias registradas en los documentos de la DEA eran fácilmente refutables, por lo que resultaba innecesaria la parafernalia para descalificar las pesquisas de las autoridades norteamericanas y exhibir la inocencia del jefe militar.
Ahora se verá qué tan sólidos son los lazos que el secretario de Relaciones Exteriores tejió con los miembros del Partido Demócrata, entre 2015 y 2017, cuando se refugió en la Unión Americana para huir del escándalo de corrupción de la Línea 12 de Metro.
Si esas relaciones no son lo suficientemente sólidas, las sombras empezarán a mostrarse en el brillante panorama de Marcelo Ebrard rumbo a la elección presidencial de 2024.
Es previsible que, derivado de la hostilidad que el presidente de México ha mostrado a Joe Biden, nuestro país se vea obligado a enfrentar cuatro escenarios adversos:
La cancelación del intercambio de información delicada entre Estados Unidos y México en materia de comercio, seguridad y lavado de dinero; la extinción de la iniciativa Mérida y otras estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico; la instauración de nuevos obstáculos para nuestros migrantes con residencia ilegal; y el surgimiento de graves dificultades de cooperación para enfrentar la pandemia del coronavirus, lo mismo para conseguir más vacunas, refrigeradores o insumos médicos, que para alcanzar la reactivación económica de forma rápida y consistente.
Pero, ¿qué otra cosa se debe esperar de un gobierno que ve a México como una isla que pone en marcha estrategias “poco ortodoxas” para enfrentar problemas comunes como la pandemia?