Fotos: Rodrigo Arangua/AFP

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AFP

Cientos de campesinos del sur de Nicaragua que se oponen al proyecto de construcción de un canal interoceánico llegaron este sábado a la capital para apoyar las manifestaciones anti gubernamentales.

«Que se sume el pueblo, que no tenga miedo (..) cuando el pueblo se levanta no hay» quien lo detenga, dijo Francisca Ramírez, líder de los campesinos anticanal, al entrar en Managua al frente de una caravana de camiones y vehículos que hacían sonar fuertemente sus bocinas.

Es la primera vez que los campesinos que se oponen a este proyecto marchan de manera pacífica, sin la represión a la que se han enfrentado en el centenar de manifestaciones que han protagonizado en los últimos cuatro años, y que han dejado varios heridos en sus filas.

Francisca Ramírez atribuye este logro a la sangre de los más de 40 nicaragüenses que han muerto en las protestas que sacudieron la semana pasada a Nicaragua, en medio de una fuerte represión que fue repudiada por la comunidad internacional y que obligó al gobierno a retirar a los antimotines de las calles.

«Ya no vamos a permitir más crímenes, no vamos a permitir policías antimotines terroristas» en las marchas, señaló la líder.

Los campesinos se unirán a la peregrinación «por la paz y la justicia» convocada por la iglesia católica para este sábado por la tarde en Managua, a la que se unirán jóvenes y diversos sectores que participaron en las protestas y que ahora exigen que se castigue a los culpables de las muertes.

Las manifestaciones iniciaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social, que el gobierno derogó cuatro días más tarde para tratar de aplacar las protestas.

La conferencia episcopal por su parte aceptó mediar en un diálogo propuesto por el presidente Daniel Ortega para buscar una salida a crisis.

Los campesinos situados sobre la rural del proyecto canal piden al gobierno que derogue la concesión que entregó en 2013 a la empresa china HK Nicaragua Canal Development (HKND) para diseñar, construir y operar, hasta por un siglo, un canal que amenaza con desplazarlos de sus tierras

Estudiantes condicionan diálogo 

Los estudiantes nicaragüenses exigieron este sábado la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de los 43 muertos, según una nueva cifra, que dejaron las protestas contra el gobierno la última semana, como condición para iniciar un diálogo, informaron sus representantes.

«Esta comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión», demandaron los estudiantes universitarios en una declaración pública.

Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justica (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (ONU).

Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por «la mal llamada Comisión de la Verdad» que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció el viernes que formaría con personas notables.

«No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos», repudiaron los estudiantes, tras pedir la disolución de dicha comisión.

Las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron el pasado 18 de abril contra un paquete de reformas al seguro social dejaron al menos 43 muertos y decenas de heridos en el país.

Las protestas continuaron pese a la decisión del gobierno de derogar dichas reformas el pasado 22 de abril, tras el repudio nacional a la represión oficial.

En su pronunciamiento, los estudiantes, que encabezaron las protestas, exigieron «la destitución de los mandos de la policía involucrados en los actos de represión».

El gobierno anunció el 21 de abril la disposición de iniciar un diálogo con la mediación de la jerarquía católica para buscar una salida a la crisis, pero aún no se ha definido fecha ni agenda.

Los estudiantes piden que el diálogo comience a mediados de mayo con la participación de diversos sectores, «incluyendo una representación de las familias de las personas asesinadas».

Demandan, asimismo, que las conversaciones se realicen «de manera pública y (con) la cobertura de medios nacionales e internacionales.

«No aceptamos un diálogo cerrado y a espaldas de la ciudadanía», sentenciaron.

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