Desde hace muchos años hay un debate sobre el papel que debe desempeñar el Estado en lo relacionado con el mercado con prácticamente dos posturas: una que propugna por una intervención contundente y permanente en él y otra que pretende que haya una intervención mínima permitiéndole crecer y actuar con grandes márgenes de libertad.
En el caso del Estado mexicano, desde la década de los 80 se decidió tomar de manera el segundo de los caminos, pues la globalización, el libre mercado y la integración que en aquellos años se promovían encontraron un asidero en América del Norte, siendo el producto más tangible de esto el acuerdo conjunto de Canadá, Estados Unidos y México denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, entre algunos de sus objetivos principales, tenía el de la eliminación progresiva de barreras al comercio y el establecimiento de reglas claras y comunes desde su entrada en vigor en 1994.
No obstante, el éxito que significó para el desarrollo y la competitividad de la región la implementación del TLCAN, el paso de los años generó la necesidad de sustituirlo y actualizarlo, misma que buscó satisfacerse con la entrada en vigor en 2020 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), instrumento que se diseñó a la medida de una nueva realidad y que estableció la obligación de ser revisado periódicamente. En los días actuales y con el inicio de la primera revisión del T-MEC, el caso mexicano es complejo. Las relaciones con nuestros dos socios comerciales no atraviesan su mejor momento, las reformas impulsadas en los últimos años en México y la situación e seguridad distan de dotar de la certidumbre indispensable y el crecimiento económico no es el necesario para un país con las necesidades que tiene el nuestro.
A lo anterior se tiene que añadir la histórica existencia de trámites que han estado lejos de ser eficientes y que por ello no fungen como incentivos para la inversión. A pesar de que entre las decisiones de política pública más recurrentes en los últimos años están las relacionadas con la denominada como “simplificación administrativa” que precisamente busca hacer más eficientes estos trámites y dotar de certidumbre a aquello que se relacione con las inversiones, el problema sigue presente.
Nada menos esta semana se realizó un nuevo anuncio de la publicación de decretos y acuerdos mediante los cuales se busca establecer plazos más reducidos y reglas más claras para la realización de los trámites necesarios para invertir en México. Desde luego, esta es una buena noticia ya que es incuestionable la finalidad que persiguen. No obstante, la creación de una oficina dependiente de la presidencia de la República para cumplir con estos objetivos, el establecimiento de una “ventanilla única” para realizar trámites correspondientes a diversas áreas del gobierno, la readscripción de instituciones a entes distintos a los que estaban adscritos originalmente, la búsqueda de una alineación de políticas entre diversas dependencias y algunos otros cambios, son decisiones que ya se han tomado en otros momentos y que, evidentemente, no han funcionado.
En las próximas semanas seremos testigos de los potenciales beneficios que arrojen estas decisiones y estaremos en condiciones de saber si en esta ocasión finalmente se logra contar con una administración pública que responda a las exigencias y complejidades de nuestra época.
