Resulta difícil hablar de lo que sucedió con el pequeño Vicente. Es uno de esos temas que uno menos quiere abordar; pero, por tanto, los que más vale mencionar. Vicente era un niño de apenas tres años que murió por un golpe de calor en Mexicali, Baja California, un lúgubre recordatorio de que la negligencia no conoce límites de sentido común.
El menor estuvo encerrado en un vehículo durante cerca de doce horas, tiempo en el que la temperatura exterior, que oscilaba entre los 25 y 35 grados, convirtió el interior del automóvil en un horno superior a los 45 grados.
Más allá de la irresponsabilidad y total falta de juicio de Roxana, su madre —quien se encontraba bajo los efectos del alcohol—, algo que debería alarmarnos aún más es que este no es un hecho sin precedentes.
Doce casos similares han ocurrido tan sólo en los últimos cinco años en la franja fronteriza del país, donde el clima árido hace de un simple descuido una condena de muerte. La indignación social en Mexicali es legítima y exige que se abra una investigación por omisión de cuidados, pues no existe “error” o fatiga que justifique dejar a un niño de tres años asegurado en su sillita mientras el sol del desierto hace lo suyo.
Sin embargo, para entender la magnitud del problema, también hay que tomar en cuenta el “síndrome del bebé olvidado”. Especialistas como el neurocientífico David Diamond explican que este fenómeno no necesariamente responde a una falta de amor, sino a un fallo del sistema de memoria de hábitos del cerebro sobre la memoria prospectiva que hace que los cuidadores de un menor, entre la fatiga y el estrés, olviden, por ejemplo, que no llevaron al menor a la escuela o lo dejaron en su automóvil, pues dan por sentado que lo hicieron.
No obstante, en un entorno como Mexicali, la educación sobre el calor debería ser una política pública básica. Vicente presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, evidencia física de un suplicio que pudo evitarse con un mínimo de atención. Es simplemente inentendible la omisión de Roxana, quien de hecho peleaba la custodia de sus tres hijos. El castigo natural de perder a un hijo es inmenso, pero la responsabilidad penal por omisión es una deuda que el Estado tiene con la seguridad de la infancia.
Papás, no criminales
En la otra cara de la moneda de las dinámicas familiares fracturadas, el movimiento “Soy papá, no criminal” es un grito desesperado contra la instrumentalización de los hijos en las batallas de pareja. El pasado fin de semana, miles de padres en al menos 13 estados del país denunciaron lo que llaman un “terrorismo institucional”, donde las leyes diseñadas para proteger a la mujer son utilizadas, en casos específicos, como herramientas de venganza y alejamiento parental.
Tal es el caso de Christian, un padre de familia que no ha podido ver a sus dos hijos desde hace nueve meses. Su historia es el retrato de un sistema judicial que, por miedo a no cumplir con la perspectiva de género, dicta medidas cautelares y órdenes de restricción de forma automática, sin peritajes psicológicos previos que sustenten la peligrosidad del progenitor. Tras 17 años de matrimonio, su esposa abandonó el hogar y presentó una denuncia por violencia familiar que, de acuerdo con Christian, carece de sustento.
Según relata, la madre ha condicionado la visión de los menores mediante un discurso donde la orden de restricción —que originalmente no incluía a los niños—, se presenta como un impedimento absoluto para el contacto. El resultado ha sido un muro burocrático que lo mantiene alejado de su hijo de 12 años y su hija de 9, quienes incluso han comenzado a recibir tratamiento para la depresión y la ansiedad ante la ausencia de su padre.
Es imperativo subrayar que las leyes de protección a la mujer y contra la violencia vicaria, existen por una razón histórica y urgente. El feminicidio y la violencia machista son realidades lacerantes en México que requieren un marco legal robusto. Sin embargo, es precisamente esa necesidad la que hace tan triste que haya quienes hagan mal uso de estas regulaciones. Cuando una madre utiliza a sus hijos como rehenes para destruir la vida de su expareja, no solo ataca al hombre, sino que vulnera el derecho humano de los menores a convivir con su familia. Christian narra con impotencia cómo la juez Tania Cabezas San Román, tardó cinco meses en sacar el primer acuerdo de su caso, y cómo una plática diagnóstica en el Centro de Convivencia Familiar fue agendada medio año después de la solicitud.
La obstrucción de vínculos no es un coche o una casa en disputa; son seres humanos cuyo desarrollo emocional se detiene en los juzgados. El sistema judicial, al bloquear de tajo la figura paterna sin pruebas de agresión hacia los menores, borra de golpe toda una rama genealógica de la vida del niño. Urge una legislación que, sin desestimar la protección vital a la mujer, sea capaz de castigar con severidad a quien miente o instrumentaliza a los hijos. La justicia que tarda no es justicia, y en el caso de los padres impedidos, cada día de retraso es un día de infancia que no se recupera.
