Mientras la soberanía implica el poder supremo y la independencia de un Estado para auto-gobernarse, la impunidad es la falta de investigación y castigo de delitos, o bien, la exención de responsabilidad ante una violación de la ley.
Pero cuando toca hablar de una de las acusaciones más recientes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho en contra de un gobernador, un presidente municipal, un senador y otros siete funcionarios del partido en el poder de nuestro país, por supuestos vínculos con el narcotráfico, la narrativa de toda la clase política se vuelve sumamente importante. No sólo por la gravedad de las acusaciones sino porque la delgada línea que existe entre el poder criminal y el político se está borrando a la vista pública de todos.
El gobierno del presidente Donald Trump pidió al gobierno mexicano la detención provisional con fines de extradición, que es una medida cautelar considerada urgente solicitada por un Estado mediante la vía diplomática, cuando se presume existe un riesgo de fuga antes de formalizar la petición de extradición. Y legalmente es una medida regulada en tratados bilaterales o internacionales, como el artículo 11 del tratado con Estados Unidos. Una vez detenidos, en ciertos casos y jurisdicciones, se puede solicitar la libertad bajo caución si el país solicitante no presenta la solicitud formal en el tiempo establecido.
La historia de la extradición entre México y Estados Unidos está cimentada en el tratado de Extradición de 1978 ( en vigor desde 1980) y desde entonces, nuestro país ha sido considerado como un socio fuerte y confiable en cuanto a temas de Justicia se refiere. ¿Valdría la pena dejar de serlo ahora?
Entre las extradiciones más famosas pero sobre todo importantes que se han dado se encuentran la de Osiel Cárdenas (ex líder del Cártel del Golfo) en 2007; Sandra Ávila (la Reina del Pacífico) en agosto de 2010; el hijo del Mayo Zambada (Vicente Zambada) también en 2010; la del líder del cártel de Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzmán en 2017, Genaro García Luna en 2019; Ovidio Guzmán en 2023, la masiva extradición de 55 capos en 2025 y 37 más en enero de este año. La lista es larga.
La relación entre México y Estados Unidos es una relación estratégica, basada en la corresponsabilidad y seguridad compartida. Ambos países colaboran en el intercambio de inteligencia. Además nuestro país se consolidó el año pasado como el socio comercial número uno, bajo acuerdo del T-MEC, que tiene programada su primera revisión formal para el 1 de julio de 2026. Es mucho lo que hay en juego.
Un Estado soberano, debe garantizar justicia, superando altos indices de impunidad en lugar de proteger intereses políticos bajo la soberanía. Y si nuestro país, en un contexto de cambios Geopolíticos Internacionales y en la antesala de los comicios electorales del 2027, quiere dejar en alto la defensa de la soberanía, debe recordar que esta conlleva la obligación de actuar con seriedad ante delitos graves, sin encubrimientos, para evitar que la justicia sea sustituida por la presión exterior.
BACKSTAGE. La fecha límite para el registro obligatorio de líneas telefónicas es el 30 de junio y hasta el día de hoy sólo 30 millones de líneas han sido registradas, de 145 millones que se tienen reportadas, sólo el 21% del total. Expertos señalan que para llegar a la meta en la fecha establecida se tendrían que registrar 1.6 millones de líneas diarias. No registrar la línea a tiempo puede derivar en la suspensión del servicio. ¿Será acaso que las compañías telefónicas van a suspender la línea de los más de 100 millones que faltan?
