En sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho, “sistemáticamente, un ataque constante ante quienes estamos defendiendo el medio ambiente” señaló esta mañana la bióloga Julia Carabias Lillo en un foro de análisis.
En la primera sesión del año del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, que llevó el título “¿Qué implica la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático?”, Carabias comentó que la propuesta de desaparecer al INECC es parte de ese ataque sistemático que se hace y del “esfuerzo del presidente de desmantelar los organismo autónomos”.
La bióloga, quien fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología, antecesor del INECC, en 1994 y después titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) desde su fundación en 1994 hasta 2000, comentó que ella misma recibió uno de estos ataques en la “mañanera” a propósito de una autorización para la extracción de piedra caliza en predios de Playa del Carmen.
Carabias aclaró que aún no ha localizado esa autorización, “alguien” firmó en el último día de su gestión, por lo que no ha podido contestar puntualmente a la acusación; pero señaló que la autorización se hizo desde 1988 y que dar esos permisos era atribución del gobierno estatal. Agregó que la empresa demandó al gobierno mexicano cuando le cambiaron el ordenamiento local a nivel municipal “y no tengo ninguna responsabilidad”.
La receptora de diversos premios nacionales e internacionales comentó que el Presidente la señala y la “difama con una doble moral” porque, junto con otros defensores del ambiente, “somos críticos de lo que está ocurriendo en la política ambiental nacional y lo hemos señalado”.
El abogado Guillermo Haro coincidió con Carabias y señaló que de 2015 a la fecha el sector ambiental ha tenido una notable reducción presupuestaria “de más del 61%, y en algunas instituciones llega hasta el 70%, como la Comisión Nacional Forestal o Conagua”.
Pero ambos expertos coinciden en que el ataque más dañino es el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre, el cual define que por utilidad pública y seguridad nacional, las obras gubernamentales quedarían prácticamente exentas de las evaluaciones de impacto ambiental.
Por el acuerdo, “la autoridad ambiental tiene que responder en cinco días”, lo cual anula la posibilidad de hacer consultas públicas y de evaluar el impacto ambiental, comentó Carabias; además, “a los 12 meses se solicita que la autorización sea definitiva, esto atenta contra el derecho humano a un medio ambiente sano”.
Carabias dijo que la intención del presidente López Obrador de desaparecer
el INECC confirma su aversión hacia los organismos autónomos.