Hoyos estatales en la nómina educativa

Pagar la nómina a trabajadores de la educación que ya fallecieron es una práctica que comenzó a ser consignada en 2018 y que desde entonces ha causado pérdidas al erario por 83 millones 935 mil 701 pesos.

ejecentral revisó las 253 auditorías realizadas de 2015 a la fecha al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y detectó 75 pliegos de observación en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió pagos a trabajadores fallecidos y una falta de justificación por parte de los gobiernos estatales, por lo que dichos recursos están pendientes de recuperar.

El Fone se creó con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas en el 2013, para sustituir al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que operaba desde 1998.

Así, este fondo entró en vigor en 2015, con lo cual la Secretaría de Educación Pública se haría responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación; previo a dichas enmiendas, eran los gobiernos de los estados los que pagaban la nómina.

En el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los faltantes por pagos a trabajadores fallecidos ascendió a 12 millones 956 mil 283 pesos y la práctica se detectó en ocho estados.

Aquel año, el caso más cuantioso se suscitó en Oaxaca, entidad donde domina la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la organización gremial más hostil a la reforma educativa de 2013.

“Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de cuatro millones 225 mil 302 pesos por realizar pagos con recursos del Fone del ejercicio fiscal 2018, a 36 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio 2018 o en anteriores, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal”, refiere el pliego 2018-A-20000-19-1149-06-003 de la auditoría 1149-DS-GF de la Cuenta Pública 2018.

Esto significa que cada profesor difunto “se llevó”, en promedio, 117 mil pesos, sin que las autoridades educativas locales hayan logrado justificar el pago ni devolver los recursos a la Tesorería de la Federación.

Para 2019, primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los desvíos a través de pagos a personal fallecido se elevaron a 23 millones 935 mil 544 pesos, en una anomalía que se identificó ahora en 10 entidades.

Desde la campaña presidencial de 2018, el entonces candidato López Obrador se mostró contrario a las reformas de 2013 y ofreció, en caso de llegar al poder, echar para atrás las enmiendas. Y así fue. Entre otras cosas, desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y canceló los exámenes de oposición como requisito para obtener una plaza.

Ese año, el estado con más anomalías por pagos a docentes fallecidos fue Michoacán, con siete millones 560 mil 353 pesos, en dos expedientes. Después de Oaxaca, Michoacán fue una de las entidades más combativas contra la reforma de 2013 y sus nuevos criterios de evaluación.

“Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de siete millones 439 mil 278 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar mil 20 pagos a 104 trabajadores con recursos del Fone, los cuales se identificaron como decesos en el ejercicio 2019 o anteriores, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación”, se lee en el pliego de observaciones 2019-A-16000-19-0897-06-008, de la auditoría 897-DS-GF.

Desde 2018, el gobierno federal debe pagar a los más de 900 mil docentes del país con el objetivo de alcanzar dos objetivos: lograr una mayor equidad salarial y mayor transparencia. En 2023, las transferencias del gobierno federal a los estados a través del Fone ascendieron a 456 mil 673 millones de pesos, lo que representa 44.8% del gasto en educación.

Además de “facilitar” la posibilidad de pagar a profesores fallecidos, el citado fondo presenta inconsistencias que complican el manejo eficiente de los recursos, tales como docentes que laboran en tres entidades que no son colindantes; docentes profesores con hasta 10 plazas y pagos a personal que no labora en el área educativa.

El 2020 fue el año que presenta mayores irregularidades respecto a los profesores fallecidos que “cobran” sus quincenas. Según las auditorías de la ASF, los desvíos ascienden a 26 millones 229 mil 38 pesos y su práctica se reportó en 18 entidades.

De nuevo Oaxaca aparece con más faltantes (6.7 millones de pesos), seguida de Baja California (3.1 millones de pesos), estado de México (2.4 millones), Sinaloa (2.3 millones) y Puebla (1.9 millones).

En 2021, con el antecedente de un aumento de pagos indebidos, la ASF reforzó la vigilancia de asignaciones a docentes difuntos y detectó faltantes por 10 millones 227 mil 493 pesos. Las anomalías se presentaron en 13 entidades, pero las mayores sumas resaltaron en San Luis Potosí (dos millones 918 mil 506 pesos) y Michoacán (dos millones 468 mil 887 pesos). Para 2022, la práctica se había extendido a 19 entidades y los recursos por solventar ascendieron a 10 millones 578 mil 343 pesos. El expediente más abultado correspondió a Chiapas, con más de dos millones de pesos pagados a profesores fallecidos.

“En el ejercicio de los recursos, el gobierno de Chiapas infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación”, señala la auditoría 2022-A-07000-19-0549-2023.

La entidad, agrega, “realizó de forma extemporánea el reintegro de recursos y rendimientos no ejercidos al primer trimestre de 2023 por 34 millones 864 mil 500 pesos, además, mediante las nóminas federales y estatales, realizó pagos a trabajadores en fechas posteriores a la baja definitiva de la dependencia por tres millones 277 mil 100 pesos y a trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2022 por dos millones 126 mil 300 pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40 millones 267 mil 900 pesos”.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre la nómina magisterial recomendó a los órganos fiscalizadores acercar la lupa al Fone, pues hay indicios de inequidad (el salario anual promedio de los docentes fue de 329 mil 75 pesos, pero existen profesores que ganan hasta cuatro millones de pesos) y opacidad (al menos mil 371 maestros de educación básica trabajan en dos o tres entidades que no siempre son colindantes).

El dato. El Fone, creado en 2013, sustituyó al FAEB, que operaba en 1998, como parte de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.