El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek considera que el actual problema de seguridad en México es “igual o peor”, a la situación que se vivió en Colombia en los años 80, cuando era señalado como un “país de delincuencia organizada, fabricante o exportador de drogas”.
Al inaugurar la octava sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el ministro Laynez cuestionó el funcionamiento de los sistemas de procuración de justicia, seguridad pública y policía, y reconoció que sus reformas son una “asignatura pendiente”, pues consideró que “no se han repensado” y “ha habido retrocesos” en esas materias.
“Nos tenemos que preguntar en el contexto actual, cuáles son las necesidades a nivel federal y a nivel local que requiere nuestro país para enfrentar los enormes retos que tenemos en materia de seguridad y justicia y, sobre todo, los nuevos retos no solo que tienen que ver con delincuencia organizada, sino con temas tan lacerantes como el problema migratorio en nuestro país”, señaló el también integrante de la Segunda Sala del alto tribunal.
En ese sentido, Laynez Potisek hizo un llamado para que los actores políticos reflexionen “antes de hacer cualquier reforma o de pensar en reinventar todo el sistema”, y poner enfasis en mejorar la justicia local, pues aseguró que es a donde el ciudadano acude primero, y es el punto de partida para resolver los “graves problemas de seguridad y de administración de justicia que tenemos”.
Yo siempre pensé que unas fiscalías autónomas y profesionales; policías científicas y preparadas; tribunales y juzgados autónomos y con servicios de carrera; y una auditoría fuerte, con eso México sería, desde mi punto de vista, otro, independientemente de otras reformas
En defensa del amparo
Sin hacer mención directa a las reformas a la Ley de Amparo, recientemente aprobadas aprobada en el Congreso, el ministro señaló que sólo en materia de migración, el número de juicios de amparo se habían duplicado este año, al pasar de “más o menos de mil 200 al año a 2600”.
Ante 230 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y de la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur y Sonora, Laynez Potisek reflexionó sobre la importancia de las sentencias en materia de amparo que protegen el “interés legítimo” en beneficio para la colectividad.
Pues aseguró la reforma de 1994-1995 en la que se introduce la acción de inconstitucionalidad, “es la que más o una de las que más ayuda a transformar vidas y hacer reales muchos de los derechos humanos”.
“Por eso, cuidemos mucho las reformas en materia de amparo para que nunca sean regresivas. Esto fue un gran caminar en el orden jurídico para tutelar, efectivamente, estos derechos humanos, y podíamos hablar de muchas cosas”.
JND