El actual proceso electoral sigue siendo marcado por la inseguridad y violencia en el país. Un botón de muestra es lo que ocurrió en Chiapas, en donde Óscar Pinto Gómez, aspirante a alcalde de Altamirano, renunció a la candidatura debido a que, dijo, no está garantizada su seguridad, la de sus colaboradores ni la de su familia.
“Por este conducto presento mi renuncia irrevocable como candidato a la presidencia de Altamirano, Chiapas”, asentó el representante del Partido Verde en el oficio que envió al Instituto de Elección de Participación Ciudadana del Estado (IEPC).
En el mismo documento, refirió que la decisión obedece a que no cuenta “con las condiciones de seguridad necesarias para mantener mi vida e integridad de mi familia, así como la de mis compañeros de mi planilla”.
El caso de Óscar Pinto se suma al de aspirantes panistas a alcaldes en Chiapas que renunciaron a sus aspiraciones debido a amenazas por parte del crimen organizado.
En marzo pasado la dirigencia del blanquizul informó que al menos 10 candidatos argumentaron falta de condiciones de seguridad para dejar su postulación.
Hay que señalar que el actual proceso electoral registra 560 víctimas de violencia política, de las cuales el 37% corresponde a casos de personas aspirantes o candidatas a algún cargo de elección popular. Esto de acuerdo con datos proporcionados por la empresa Integralia Consultores. GA