Reforma a Ley de Amparo pega a los más vulnerables

19 de Julio de 2024

Reforma a Ley de Amparo pega a los más vulnerables

Ley de Amparo

El jurista Abimael Zavala Martínez sostiene que al eliminar los efectos generales, sectores de escasos recursos quedarán desprotegidos; demandas de este tipo crecen 18.9% durante este sexenio

Con la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada sólo por la mayoría de Morena-PT-PVEM en el Congreso de la Unión, los jueces federales ya no pueden conceder suspensiones con efectos generales en contra de la aplicación de normas o actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales de una colectividad.

En otras palabras, sólo la persona física o moral que promueva su amparo podrá recibir la protección federal ante una norma o acto de autoridad, aunque éstos atenten contra el interés social.

El abogado especialista en materia de amparo, Abimael Zavala Martínez, sostuvo que los más afectados con esta reforma son las personas más vulnerables y con menos recursos, pues al no surtir efectos generales las suspensiones obtenidas por otros actores, quedarán desprotegidos y no tendrán dinero para tramitar sus propios amparos contra actos de autoridad lesivos a sus intereses.

En entrevista con ejecentral, el jurista puso como ejemplo la atención por la epidemia del Covid-19, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador priorizó la vacunación en adultos mayores y no en los niños, por lo que se promovieron amparos, gracias a los cuales los menores también fueron inoculados.

“Imagínate que no te concedan ya suspensiones, entonces la autoridad va a hacer lo que se le antoje, ésas son las grandes consecuencias”, señaló Zavala Martínez.

Para juristas, académicos, legisladores e incluso ministros de la Corte, la reforma aprobada el pasado 24 de abril en la Cámara de Diputados con mayoría de 258 votos a favor por parte de legisladores de Morena y sus aliados, 213 en contra y cero abstenciones, implica un preocupante retroceso en la protección de los derechos humanos.

“Es una regresión. Se repite en la Cámara de Diputados un argumento que se aprobó en 1847, una realidad que nada tiene que ver con la que estamos viviendo. ¡Están legislando como se legisló hace más de 170 años!”, señaló Zavala Martínez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Lo anterior, debido a que para argumentar su voto a favor, los legisladores oficialistas se remontaron a la consideración que hizo el jurista y diputado constituyente, Mariano Otero, del juicio de amparo en la Constitución federal de 1847, “con efectos entre las partes” y “sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo motivare”. Así lo recordó en tribuna la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lilia Villafuerte Zavala.

“Los derechos humanos siempre tienen que ir avanzando a una mayor protección, y es una obligación de todos los jueces federales proteger los derechos humanos. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Es un retroceso abismal y con grandes consecuencias”, subrayó al respecto el jurista Zavala Martínez.

Precisamente la afectación directa al principio de progresividad de los derechos fundamentales que implica la restricción de los jueces para otorgar suspensiones en favor de un grupo determinado de personas a quienes se les vulneren sus derechos, ha sido la principal causa de alarma y preocupación en distintos sectores.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que sin esta facultad de los jueces para otorgar suspensiones con efectos generales, “las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo”, pues sin esa facultad, esta figura “no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales”.

Un “grave retroceso”

“Se trata de un grave retroceso legal que pone en peligro la operatividad del Poder Judicial, esto es porque, si antes era posible declarar la inconstitucionalidad de una ley a través de un juicio de amparo, hoy con esta reforma se elimina dicha facultad (…) No queremos afirmar que esta reforma supone una venganza del partido en el poder por los reveses que ha sufrido de la Corte”, refirió el diputado del PRI, Sergio Hernández Ferriño.

El autor de la iniciativa de reforma y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, sostuvo cuando el dictamen fue aprobado en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara alta, que “lo único que se está haciendo es cumplir con la Constitución, cumplir con la tradición del principio de relatividad, porque ellos (los juzgadores) no pueden invadir nuestras facultades ni funciones”.

Pero lo cierto es que este tipo de suspensiones, con efectos generales, que por ahora quedaron eliminadas de la legislación, han frenado proyectos y leyes del gobierno en turno, como lo fueron las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el “Plan B” en materia electoral, así como la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtieron que la reforma vulnera la división de Poderes y busca en los hechos “limitar la labor jurisdiccional”.

Al expresar su preocupación por la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, expresó que la vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad, como concibe el amparo, está actualmente “amenazado por la intolerencia”.

“¿Acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en él, se detenga?, ésta es una interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, manifestó el ministro Pérez Dayán al inagurar la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, al día siguiente de la aprobación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En 2019, primer año de la actual administración, ingresaron a los juzgados de distrito 575 mil 390 demandas de amparo, cifra que llegó a 684 mil 419 en 2023, lo que representa un alza de 18.9% en las solicitudes de la protección de la justicia federal.

En ese lapso, el número de amparos indirectos en trámite y pendientes de resolución pasó de 92 mil 492 a 136 mil 49, lo que implica un aumento de 47.6 por ciento.

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