Sin referirse al caso en específico, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la solicitud a juicio político que anunció Morena y el exministro Arturo Zaldívar en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández “no pasara de ser una ocurrencia de esas que tienen algunos abogados que quieren llamar la atención pidiéndolo”.
En entrevista para el Canal del Poder Judicial de la Federación, el integrante de la Primera Sala del máximo tribunal del país aseguró que, así como hace 20 años el intento de juicio político en contra del actual presidente de la República en ese entonces jefe de gobierno del DF, la actual petición de juicio político es parte del “escenario político” y tiene “los mismos fines políticos de llamar la atención”.
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Al señalar que prácticamente se repite la misma historia, pero con diferentes actores el ministro González Alcántara Carrancá refirió que entorno a dicha petición de juicio político se trataba de “propaganda electoral”, pues consideró que no había los elementos para llevarse a tal cosa.
“El proceso electoral más importante de la historia y todo se politiza, entonces, una acusación, una demanda tiene un significado político para atraer a un sector de la población que puede ser radical en una posición de reclamo o simplemente no entiende cuál es la razón de ese juicio político”.
Refirió que quienes anuncian la necesidad de un juicio político son “algunos legisladores o algunos interesados en sacar raja política” en el actual contexto electoral.
“No estamos hechos para tener campañas”
Al señalar los actuales problemas del Poder Judicial de la Federación ante la “constante crítica” que reciben de los legisladores, el temor de la gente de que los jueces se empoderen por hacer cumplir sus resoluciones y la “colisión” con los gobiernos de los estados, el ministro llamó a desmarcar al Poder Judicial del Ejecutivo y Legislativo.
“No estamos hechos para tener campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros, son formas muy distintas, nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos”.
Lo anterior al subrayar que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo “obedecen a una elección, a procesos electorales” que en el caso de los poderes judiciales y sus procedimientos no se tiene esa cercanía.
Sin embargo, reconoció que la iniciativa que busca cambiar la manera de designación de jueces, magistrados y ministros tendrá que ser discutida en los congresos y decidida por la sociedad.
Y la decisión que se tome entorno a dicha iniciativa aseguró que será acatada, al reiterar que en el Poder Judicial no harán más que cumplir con su obligación de “respetar la Constitución, hacer respetar la Norma Suprema y las leyes que de ella emanen”.
Sanción ejemplar
En referencia a las atribuciones del Poder Judicial y su independencia de los otros Poderes, el ministro destacó que la sanción a un funcionario judicial debe ser “ejemplar”.
“Lo que tenemos que hacer es investigar correctamente, ver si hay responsabilidad”, sostuvo sin hacer mención de alguien en particular.
Al hablar sobre el valor de la lealtad como un “valor ético” el ministro reiteró su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlo propuesto en la terna para ocupar un lugar en el máximo tribunal, así como a los legisladores de las distintas fuerzas políticas que aprobaron su designación.
Sin embargo, reconoció que su obligación, como ministro de la Suprema Corte, es la de respetar la Constitución y cumplir con las expectativas que implicó su nombramiento, realizado en diciembre de 2018. “La lealtad no se vende, la lealtad no se cambia, la lealtad a esos valores es lago que debemos de procurar”.