Una persona “concentra todo el poder” en la ASF

Agustín Caso Raphael, exauditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirma que el máximo órgano de fiscalización de México está influenciado por intereses políticos. Además, revela cómo comienza el sesgo en las evaluaciones y admite que se amparó debido a que le impusieron dos sanciones administrativas por señalar que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costaría un 232% más de lo estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 9 de abril, la destitución del auditor especial fue sorprendente, más aún porque la exsecretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, lo reemplazaría, aumentando la lista de políticos en la institución, que debe aplicar criterios técnicos en la revisión del gasto público, sin verse afectada por preferencias partidistas.

En entrevista con ejecentral, Agustín Caso critica el enfoque político del auditor superior de la Federación, David Colmenares. Según Caso, el proceso comienza cuando los auditores especiales proponen evaluaciones para el Programa Anual de Auditorías, pero Colmenares tiene el poder total para aprobar o rechazar la lista. Además, Caso menciona que Colmenares modificó el reglamento interno, centralizando el poder en una sola persona. Esto, según Caso, limita la independencia y autonomía de los auditores, permitiendo posibles interferencias políticas en una institución que debe permanecer libre de influencias externas.

Agrega que se creó una Auditoría Especial de Seguimiento, la cual revisa que los entes auditados, es decir, instituciones que hayan usado recursos públicos federales, solventen las irregularidades o regresen el dinero a la Tesorería de la Federación, de lo contrario, la ASF puede presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República. Pero esa auditoría especial está saturada.

“Antes, los auditores especiales teníamos más probabilidades de que las recomendaciones fueran debidamente cumplidas, entonces se cerraba el ciclo de fiscalización. Ahorita este proceso no se da, y no se da porque el área de Seguimiento tiene una acumulación enorme de asuntos pendientes”, relata.

El exauditor especial destaca que David Colmenares no aprobó auditorías integrales de desempeño a las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

“A mí me lo preguntó el auditor superior: ‘¿por qué las auditorías de desempeño me dan más problemas que otras?’, yo le dije que porque las auditorías de desempeño revisan las políticas públicas y las encueran, las desnudan, y al hacerlo se sabe si están funcionando bien, funcionando mal, si están logrando sus metas”, recuerda.

¿Qué sucedió que se perdió la confianza entre usted y Colmenares? “Yo creo que el caso más emblemático, no es el único, pero es el más emblemático, es cuando se hizo la auditoría a la cancelación del NAICM (aeropuerto de Texcoco), la cual estaba en el Programa Anual de Auditorías. Entonces, legítimamente se llevó a cabo ese proceso, señaló que costará 331 mil millones de pesos. Y eso causa, no solamente la molestia de la Administración Pública Federal, sino del auditor superior”.

Fue la primera vez que vimos a una ASF vulnerable porque aceptó un error, ¿estaba mal esa auditoría? “Por supuesto que no. Categóricamente yo he dicho que esa auditoría está perfectamente bien hecha y sustento la cifra. ¡No existe error!”.

Lo investigaron por la conclusión de esa auditoría, ¿lo sancionaron? “Inició un proceso de investigación la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados y eso termina en dos sanciones para un servidor. Esas sanciones son dos presuntas responsabilidades administrativas, faltas calificadas como no graves. Una de ellas señala ¡falta de legalidad para auditar un proyecto (de megaobra)! Pero no es la primera vez que se audita un proyecto, es lo primero que hay que decir. Y lo segundo: que quien interpreta la legalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la Unidad de Evaluación y Control. A partir de eso se revisa de manera casi exagerada y obsesiva lo que se hacía en la Auditoría Especial de Desempeño”.

¿Le pusieron amonestaciones públicas o multa, cuál fue la sanción? “No, no se ha llegado a eso porque yo me amparé y tengo la suspensión definitiva que me concedió la justicia”.

Agustín Caso evita hablar de su sucesora, Arely Gómez, quien fue secretaria de la Función Pública, procuradora general de la República y senadora del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el exauditor especial considera que todos los puestos de la ASF deben ocuparse por personas que tienen carrera técnica, no política.

Arely Gómez se suma a los políticos y familiares de políticos que han llegado a altos cargos en la ASF durante la gestión de David Colmenares.

En la ASF también trabaja Eber Betanzos Torres, quien fue subprocurador de Derechos Humanos de la PGR y subsecretario de la Función Pública durante las administraciones de Arely Gómez. En la ASF es titular de la Unidad Técnica con un sueldo bruto mensual de 169 mil 389 pesos, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

La hija de la legisladora Amalia García, Claudia Corichi, fue diputada de Movimiento Ciudadano y clave en la negociación para que Colmenares llegara como auditor superior. Corichi es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF desde agosto de 2021, con un sueldo igual al de Eber Betanzos. El hermano del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Marco Fernando Mier Velasco, es asesor en la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas de la ASF desde julio de 2021, según su declaración patrimonial con un sueldo bruto mensual de 145 mil 735 pesos.