El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho. En México, aunque el artículo 4° de la Constitución establece este derecho, en 2022, más de 50 millones de mexicanos no tuvieron acceso a los servicios de salud, más de la mitad de la población que recibe atención médica lo hace en establecimientos privados y el gasto de bolsillo relacionado a conceptos de salud aumentó 30% respecto a 2018.
Esta semana, con el objetivo de abonar al diagnóstico del sistema de salud con miras a la siguiente administración, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), publicó el documento “Salud rumbo a 2030” con dos enfoques principales: Evolución del presupuesto y Financiamiento de enfermedades de alta especialidad.
Se identificaron tres resultados principales: brecha presupuestaria, desigualdad y sostenibilidad. Respecto a la brecha presupuestaria se encontró que, a pesar de que uno de los compromisos de la actual administración fue incrementar un punto del PIB el presupuesto en el sector salud, el aumento de 2018 a 2024 fue de 0.4, con lo que la inversión en salud se mantiene a la mitad del mínimo sugerido a nivel internacional, de 6 puntos del PIB.
En cuanto a la desigualdad, se identifica que el presupuesto en el sector salud no sólo ha sido menor a lo que destinan países de Latinoamérica como Argentina (5.9%), Brasil (3.9%) o Costa Rica (5.5%), como proporción del PIB, sino que también es desigual. Mientras que, el promedio del gasto per cápita en los países de la OCDE es de 67,045 pesos, en México el gasto por persona con servicios médicos en Pemex es de 31,985 y una persona con IMSS-Bienestar de 4,107, esto es, quince veces menos que el promedio de la OCDE. Todos tenemos el mismo derecho, pero no los mismos recursos.
En relación con la sostenibilidad del gasto en salud, se hace hincapié en la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento sostenibles para las enfermedades de alta especialidad, en particular para la población sin seguridad social, debido a que son las enfermedades que contribuyen con el mayor número de años perdidos por discapacidad y por muerte prematura, y en los que se observa una caída de 72% en los recursos que se le destinan.
De acuerdo con el estudio del CIEP, el uso de fondos para enfermedades de especialidad, la participación de los gobiernos subnacionales en el financiamiento del sistema, el etiquetado de impuestos saludables a la salud, los impuestos progresivos y contar con un catálogo de beneficios explícitos, son algunas de las prácticas que han contribuido a garantizar la atención de enfermedades de alta especialidad en otros países. Además, los países con menores niveles de gasto de bolsillo invierten en salud más del 7% del PIB en presupuesto público y cuentan con una herramienta explícita de enfermedades incluidas en el paquete de atención.
Rumbo a la siguiente administración, es indispensable considerar esta información para enfrentar los retos presupuestarios del sector salud, considerando también la situación demográfica y epidemiológica actual en lo que refiere a las enfermedades de alta especialidad. Se requiere duplicar el presupuesto actual del sistema de salud y que éste se sostenga en el tiempo.
Uno de los temas abordados en el primer debate presidencial fue la salud y su financiamiento. Sin embargo, ninguna de las propuestas presentadas fue acompañadas de una estimación de impacto presupuestario. Por el contrario, las candidatas declararon que el país contaba con suficiente presupuesto para cumplir con sus promesas de salud, declaraciones que preocupan, dado que no se reconoce el reto mayúsculo en materia de financiamiento del sector. Si bien el presupuesto no es suficiente para construir un sistema universal de salud, sí es una condición necesaria para llegar a él.
