El 4 de diciembre la Ley sobre Libertad de Cultos cumplirá 165 años desde que fue emitida por el entonces presidente Benito Juárez García que por primera vez garantizaba el derecho a profesar, o no, una cualquier creencia religiosa en nuestro país, toda vez que la Constitución de 1824 consagraba que la católica sería la “única y perpetua” permitida en la Nación.
La iglesia mayoritaria soñó con seguir siendo la privilegiada, como en sexenios anteriores, recibiendo ofrendas en especie y en efectivo de funcionarios y dependencias oficiales con el mayor sigilo, para no ser envidiada por los otros credos que ya cuentan con registro ante Gobernación. Al parecer, el fuero celestial se ha eliminado en las administraciones morenistas, por lo que el alto clero hace evidente su malestar cada que puede para denostar al actual gobierno federal.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los evangélicos tuvieron la esperanza de que el Ejecutivo enviara propuestas a senadores y diputados para hacer de México un país menos laico, en el que ministros de culto e iglesias pudieran manejar estaciones de radio y tv; que los pastores pudieran votar y ser votados; que los estudios de los religiosos tuvieran reconocimiento y validez oficial; que alumnos y maestros de escuelas públicas leyeran la Biblia antes de iniciar clases y que Hacienda destinar partidas etiquetadas para solventar el trabajo social que realizan sus iglesias.
Pero… atole con el dedo: legisladores y funcionarios morenistas como Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Rosa Icela Rodríguez han tenido encuentros con pastores y líderes cristianos para solicitarles ayuda en la recomposición del tejido social. Sin embargo, el gobierno no ha obtenido resultados y lo que brindan a cambio desalienta a los líderes espirituales para que éstos convoquen a sus feligreses, aunque sea para un aplauso masivo destinado a las acciones de la 4T.
Como lo expresó en su momento a EJE CENTRAL el especialista en materia religiosa, Bernardo Barranco Villafán, el actual gobierno “quiere adherir a las iglesias como aliados estructurales en su proyecto de República” para que se sumen a su causa de transformación. Pero la convocatoria ha fallado, al menos con los líderes de las congregaciones evangélicas, quienes tienen más interés en recibir bienes terrenales (programas del bienestar pastoral) que poderío celestial.
Las relaciones del gobierno morenista con el poderoso clero también están tronadas. El soborno -que recibió en antaño por su silencio- no se prolongó ni con AMLO ni con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En resumen, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su Reglamento habrán de quedar, al menos en este sexenio, tal y como desde hace más de 30 años, a pesar de que ya caducó mucho de su contenido. Los legisladores no promoverán cambios sustanciales, la presidenta no tiene la menor intención de modificar las reglas para que concesiones de radio y tv sean otorgadas a iglesias… y los representantes religiosos seguirán siendo ciudadanos de segunda, limitados en sus derechos, a pesar de ser ciudadanos de la República.
*PALABRA DE HONOR*: La semana pasada pastores evangélicos lograron reunir a más de 7 mil almas en el estadio Chevron de Tijuana, en un evento religioso con un costo aproximado de más de medio millón de pesos, lo que pone celosos a quienes trabajan para llevar a cabo sus asambleas en busca del registro de un partido político. Obvio, hubo financiamiento estadunidense, pero el poder de convocatoria nadie se los quita.
