1.
Los Foros de Análisis sobre el Poder Judicial se han realizado conforme a la partitura. Los convidados han expuesto las razones de por qué un cambio de tal magnitud como el propuesto en la iniciativa presidencial enviada el 5 de febrero pasado no debiera realizarse a rajatabla, siendo notorio que prácticamente nadie se ha embarcado en una defensa a ultranza de los ministros, magistrados y jueces –no al estilo del “INE no se toca” que movilizó a tantos ciudadanos--, por lo que la imputación primigenia de “corrupción” se ha implantado en la narrativa como una gran causal para un cambio profundo. Lo que se discute, es el ritmo al que debiera suceder, es decir, no de manera súbita, con una elección inmediata y total, sino con cierta gradualidad, primero unos y luego otros, hasta plantearse inclusive que fuesen relevados mediante elección directa conforme los nombramientos fueran concluyendo.
2.
En el ínterin, la ministra Yasmín Esquivel planteó la renuncia de la ministra presidenta, Norma Piña, buscando propiciar una negociación que diera un ritmo diferente al cambio radical propuesto. Le atribuyó a la ministra Piña la responsabilidad de una mala relación con los otros poderes y falta de tacto político al plantear o manejar temas sensibles. En todo caso puso el tema sobre la mesa y llevó a posicionar a los demás letrados sobre el asunto quienes, aludiendo a la independencia del Poder Judicial, respaldaron por lo pronto la permanencia de la ministra Piña, obligándole a plantear un diálogo con el proponente y la presidenta virtualmente electa sobre los matices que pudieran tener algunas enmiendas, con el reconocimiento tácito de sometimiento al poder reformador constitucional en manos de la coalición gobernante. En Palacio Nacional se consideró innecesaria la renuncia de la ministra Piña, se envió el diálogo a Gobernación y se reiteró la necesidad del cambio total y radical del Poder Judicial.
3.
Entretanto, se han estado planteando proyectos alternativos, pero todos van sobre el cambio en el Poder Judicial. Para el PAN, la cuestión sería una renovación gradual de los operadores judiciales (es decir, ministros, magistrados y jueces) así como involucrar a los poderes judiciales de los estados en la tarea, todo ello considerando requisitos de elegibilidad. En el PRI, por lo pronto inmerso en un profundo debate interno sobre su viabilidad y futuro político, se estaría pensando en una reforma integral, que comprendiera tanto la procuración como la impartición de justicia, que son las dos partes inseparables que permiten una justicia pronta y expedita, pues cuando se combate el crimen y se investigan bien los ilícitos, la justicia suele resolver los casos de mejor manera.
4.
En el Poder Judicial, mediante el diálogo buscan evitar un juicio sumario y proponer un mecanismo alternativo que no llegara a la elección directa ni a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que sería un poder supremo dentro de otro, sino ir a una especie de concursos de oposición en donde contara la preparación y experiencia y quienes resultaran elegibles, lo fueran por algún mecanismo, fuera en sede legislativa o en opción abierta por puntajes, dividiendo la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, para que no recayeran en la misma persona.
5.
Pero no es un asunto de razón o de argumentos. Desde el poder, se insiste en que la propuesta ya fue presentada, que tienen los números y habrán de escuchar, pero pasarán el dictamen con ajustes quizá procedimentales y los operadores judiciales serán electos tal como está considerado en la iniciativa. La maniobra del poder será concluir las audiencias –que se llevan a cabo a manera de Parlamento Abierto— y proceder a elaborar y aprobar el dictamen que les permita transitar en el proceso legislativo tan pronto arranque la nueva Legislatura. Tal es la crónica de la transformación anunciada del Poder Judicial.
