Es intolerable que en pleno siglo XXI miles de niñas, niños y adolescentes sigan siendo objeto de trata, explotación sexual, trabajo forzado o reclutamiento criminal en México.
Hablar de trata infantil no es denunciar un hecho aislado, sino evidenciar un fracaso político del Estado: un aparato que, pese a su marco legal y a sus obligaciones internacionales, no ha sido capaz de impedir que la infancia sea utilizada, explotada y convertida en botín económico por redes criminales.
México ratificó en 2003 el Protocolo de Palermo y cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Sin embargo, la implementación no ha estado a la altura del reto.
Entender la magnitud de la trata en México y en el mundo no puede reducirse a un recuento estadístico; debería ser una exigencia política para un Estado que, pese a conocer el problema, no ha construido políticas públicas capaces de enfrentarlo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que los casos detectados de trata han crecido 25 % a nivel global y que el 38 % de las víctimas identificadas son menores de edad, por otro lado un reporte de Reuters estima que al menos 30,000 menores han sido reclutados por cárteles en México, y algunos tan jóvenes como desde los 6 años, en los últimos años.
Por otro lado, la UNICEF confirma la misma tendencia: 1 de cada 3 casos involucra a niñas, niños o adolescentes. En un país como México, donde la pobreza infantil y la marginación alcanzan a millones, estos números no sólo preocupan: revelan un terreno particularmente vulnerable para la expansión de estas redes la trata y el reclutamiento ilegal, un tema que abre el debate sobre si ¿Se debería o no, castigar con toda la fuerza del Estado a menores feminicidas u asesinos?
Lo cierto es que la pobreza, la falta de empleo y de trabajo digno, junto con un Estado incapaz de garantizar derechos básicos, empujan a niñas, niños y adolescentes hacia las redes criminales.
Modalidades de la explotación infantil
La trata infantil se presenta de múltiples formas: explotación sexual incluyendo producción de material de abuso infantil; trabajo forzoso en agricultura, minería o servicio doméstico; y delitos menores; reclutamiento en conflictos armados; matrimonio infantil y adoptación ilegal. La ley define como trata la “captación, transporte, traslado, acogida o recepción” de menores de 0-17 años con fines de explotación.
¿Por qué falla el Estado?
La pregunta central debería ser: ¿Por qué, habiendo marco legal, seguimos viendo esta tragedia? ¿Quiénes se benefician económicamente de las distintas formas de explotación infantil sexual, laboral, criminal o digital y cómo operan esas redes en México?
Preguntarse ¿Qué intereses acompaña la trata y explotación de niños en México? implica mirar más allá del crimen organizado: detrás operan economías clandestinas multimillonarias, complicidades locales, cadenas de corrupción internacionales, desvíos institucionales locales y federales y un sistema que, por acción u omisión, permite que la infancia sea tratada como un activo rentable.
Las fallas que perpetúan la explotación infantil
Primero, la falta de implementación de justicia eficaz. Menos del 10 % de los casos de trata culminan en una sentencia condenatoria y lo peor, el Estado sabe de esas células criminales.
Segundo, por la insuficiencia en los sistemas de detección y protección de víctimas: refugios saturados, poca capacitación de personal, ausencia de rutas de reintegración educativa y laboral.
Tercero, por la normalización de la violencia: las redes criminales aprovechan la pobreza, la migración no acompañada como un espacio de reclutamiento dirigido.
El compromiso pendiente
La ley existe. Pero sin acción, legalidad no equivale a protección. Es hora de medidas contundentes: unidades especializadas en trata infantil, mayor presupuesto para atención a víctimas, colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, seguimiento real a las condenas, protocolos de prevención en escuelas y zonas rurales, y redes de denuncia eficaces.
No podemos seguir repitiendo que “la infancia es prioridad” mientras los números solo aumentan. Cada niño que trabaja por necesidad, cada niña reclutada por un cártel, cada adolescente captado para mendigar o prostituirse es una vida que el Estado sigue ignorando.
