El autotransporte de carga en México atraviesa uno de los momentos más tensos de la última década. Aunque el sector suele aparecer en la agenda pública solo cuando se amenaza con bloqueos carreteros o cuando ocurre un asalto violento, la realidad es que se trata de una crisis sostenida, estructural y profundamente subestimada. Hoy, los transportistas trabajan en un entorno donde la inseguridad, los costos crecientes, la escasa infraestructura y la fragmentación gremial están convergiendo para presionar a un sistema que mueve más del 56% de la mercancía del país. Sin autotransporte no hay comercio interno, no hay abasto, no hay exportaciones. Y aun así, continúa tratado como un problema periférico.
El síntoma más visible y más urgente es la inseguridad. México se ha convertido en uno de los países con mayor incidencia de robo al transporte en América Latina. Los informes públicos más recientes muestran incrementos en asaltos violentos, especialmente en corredores estratégicos como Puebla–Veracruz, Querétaro–San Luis Potosí y Estado de México–Hidalgo. Las bandas criminales no solo detienen unidades: operan con inteligencia logística, estudian rutas, tiempos y mercancías. En algunos estados, viajar de noche se volvió inviable. Hay operadores que simplemente rechazan ciertos tramos, y pequeñas empresas que dejaron de ofrecer servicios en rutas específicas porque el riesgo supera cualquier margen de ganancia.
La situación tiene repercusiones directas. Cada robo implica costos por recuperación, seguros, pérdidas de mercancía, retrasos en entregas y, en ocasiones, aumentos en precios al consumidor. Las grandes compañías absorben parte del impacto; las pequeñas, no. La violencia en carreteras no solo amenaza el patrimonio: amenaza la continuidad del sector.
Sin embargo, la inseguridad no es la única presión. La infraestructura carretera también envejece sin un plan integral de mantenimiento. En varios estados, los transportistas reportan tramos descompuestos, señalización insuficiente y fallas constantes en zonas de curvas o puentes. La falta de inversiones visibles, la lentitud de las reparaciones y la ausencia de alternativas de tránsito convierten cada trayecto en una apuesta. A esto se suman los peajes: México tiene uno de los sistemas más costosos de autopistas de cuota en la región, lo que presiona a un sector que debe competir con operadores internacionales que enfrentan condiciones más favorables.
Otro factor crítico es la fragmentación gremial. El sector del autotransporte nunca ha logrado actuar como un bloque unificado. Conviven cámaras formales, asociaciones independientes y grupos regionales con agendas distintas. Mientras unos buscan la negociación institucional, otros recurren a la presión mediante paros y amenazas de bloqueos. Esto reduce la capacidad de interlocución con el gobierno federal y con los estados, y deja al sector sin una voz clara que represente sus necesidades. La consecuencia es un círculo vicioso: sin cohesión, no hay fuerza; sin fuerza, no hay soluciones.
Y el gobierno, por su parte, responde con medidas parciales. Se anuncian operativos de seguridad, mesas de diálogo, reuniones y puntos de vigilancia, pero los resultados no regeneran la confianza. Los transportistas siguen percibiendo que los tramos más peligrosos continúan igual, que las denuncias no avanzan y que la presencia policial es insuficiente. Las estrategias reactivas no sustituyen una política pública integral de movilidad, seguridad y modernización logística.
La crisis del autotransporte no es un problema del sector: es un problema de Estado. Un país que basa su comercio interno en carreteras no puede permitirse un sistema deteriorado, violento y sin coordinación institucional. La amenaza constante de bloqueos —que en ocasiones no se concretan, pero generan inquietud nacional— es reflejo de un gremio desesperado y de un gobierno que administra la emergencia sin atender el fondo.
México necesita una estrategia federal que reconozca al autotransporte como infraestructura crítica: inversión real en carreteras, coordinación efectiva contra el robo, incentivos para renovación de flotas, capacitación para operadores, mejores condiciones laborales y una mesa permanente —formal y vinculante— donde todas las organizaciones del sector participen. El país no puede seguir operando con un sistema que funciona al límite y sin garantías básicas para quienes lo sostienen.
El autotransporte es el termómetro del país. Cuando se congela, la economía se detiene. Y hoy ese termómetro marca alerta roja.
