“Son cosas que pasan” fue la respuesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando se le preguntó sobre el secuestro de 66 personas, incluyendo menores de edad, que ocurrió el día 22 de marzo en diversas comunidades de dicha entidad. El mandatario también comentó que no se requerían más elementos federales para atender la situación, sin embargo, el sábado pasado diversos medios informaron que dos batallones de fuerzas especiales del Ejército habían llegado a Sinaloa.
Es importante resaltar varios aspectos de lo sucedido. En primer lugar, no se sabe con certeza qué provocó la privación de la libertad de las personas o por qué han liberado a más de la mitad de éstas al momento de escribir la presente columna.
Por otra parte, también se desconoce la razón por la cual, a pesar de la publicidad que esto ha tenido, las autoridades han decidido mantener el velo de misterio sobre lo sucedido e incluso han intentado minimizar el asunto, ya sea calificándolo de algo normal, comparando las condiciones de seguridad del estado con otras latitudes, cuestionando la poca o mucha ética de los medios de comunicación, como lo hizo el gobernador el día de ayer, o dando información imprecisa sobre la asistencia de elementos del Ejército para reforzar la seguridad.
Esto último, probablemente sea porque dichos acontecimientos juegan un rol en la opinión pública que podría afectar la decisión de las y los votantes al momento de emitir el sufragio en las próximas elecciones, lo cual provocó que las dos candidatas punteras a la Presidencia de la República emitieran declaraciones al respecto.
Sea cual fuere la razón por la que el gobernador de Sinaloa busca minimizar esta situación en la que aún hay personas privadas de la libertad, parece provenir de una valoración inadecuada si se toma en consideración su deber de salvaguardar y proteger a las y los sinaloenses.
De forma adicional al tema de seguridad, se percibe un problema de opacidad respecto de las cuestiones delicadas que afectan la vida en la entidad. No debemos olvidar que, ante situaciones de esta naturaleza, las personas demandan de sus autoridades total apertura a fin de resolver el problema con sensibilidad y responsabilidad, ya que, sin dicha apertura, la confianza en ellas y su quehacer institucional sufre un deterioro debido a la falta de información y las especulaciones que surgen respecto de las verdaderas motivaciones y capacidades de quienes detentan el poder.
Ello, invariablemente, provoca que la ciudadanía pague con miedo y sangre la falta de eficacia de la autoridad para hacer cumplir la ley y a su vez, deje de considerar a quienes gobiernan como personas dignas de confianza, volviendo aún más grave el problema.
La respuesta del gobernador y su consecuencia en la opinión pública parecen reflejar ese detrimento de las capacidades del gobierno y de la confianza de la ciudadanía en él, lo cual, definitivamente no puede ser considerado como algo “que pasa” en un estado como Sinaloa que se destaca por lo trabajadora que es su gente, que sólo busca las condiciones necesarias para poder salir adelante.