Será imposible que las dos candidatas a la Presidencia de la República no sólo no hablen de ellas, sino que no hagan propuestas sobre uno de los temas que varios columnistas han mencionado como “palabra maldita” o “esquiva”: la famosa y nunca bien ponderada reforma fiscal.
Esta necesidad surge de las condiciones económicas del país y, a pesar de que tradicionalmente se evita hablar de impuestos durante las campañas electorales, será crucial para que las candidatas ganen credibilidad: dada la cantidad de promesas y compromisos que están haciendo, que digan de dónde van a obtener los recursos, porque de la austeridad y los fideicomisos ya se han agotado.
Recientemente ha aparecido un documento elaborado por alianzajusticiafiscal.mx, donde participan varias organizaciones no gubernamentales y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la UNAM, denominado “Hacia una Reforma Fiscal Progresiva”, que creo es una aportación clara y bien elaborada para tomar en cuenta por las candidatas.
El documento hace 12 propuestas que permitirían lograr una mejor capacidad del Estado para hacer frente al cúmulo de necesidades que hoy no se están cubriendo o, lo que es peor, se han dejado de atender en sectores tan importantes como, por ejemplo, la educación, la salud y la seguridad pública.
Empieza con uno de los mayores problemas que tenemos, que es el referente al Impuesto sobre la Renta, para lo cual proponen modificar los tramos y, sobre todo, las tasas del impuesto para aquellas personas de mayores ingresos, que hacen de México uno de los países con mayor desigualdad. Mencionan el dato de la CEPAL para 2023, donde 1% de la población posee 41.2% de la riqueza del país y casi 80% de sus activos. Según Oxfam, la concentración es de tal nivel que el hombre más rico de México, conocido por todos, tiene casi tanta riqueza como la mitad más pobre de nuestro país.
Otro punto importante es que hay que limitar los beneficios fiscales para las personas más ricas y todos los vericuetos y salidas que encuentran para siempre pagar menos. Esto incluye impuestos especiales para los poseedores de bienes materiales de lujo, como son los jets privados y los yates, lo cual es mencionado en el documento. Nuestro país tiene el inmenso orgullo de ser el segundo país del mundo con mayor número de jets privados, cosa que me parece escandalosa y confirma la terrible desigualdad.
Para ello, como bien se menciona, habría que etiquetar recursos que permitan hacerse cargo de asuntos importantes y que se garantice su permanencia. Por ejemplo, está de moda en las campañas hablar del sistema de cuidados universal, gratuito y de calidad. Este ofrecimiento, de inicio solo para infantes menores de seis años tendría, según los cálculos elaborados por los participantes en el documento, un costo de alrededor de 1.16% del PIB. El tema es de la mayor importancia, porque si se logra tener un buen sistema a esas edades tempranas se estaría reduciendo la desigualdad social tan atroz que tenemos, al inicio de sus vidas, sobre todo al incluir el tema de género.
Creo que las 12 propuestas son atendibles y afectarían un poco a los más ricos en beneficio de las grandes mayorías y las clases medias que han sido afectadas con la reducción en el gasto que se ha tenido en estos seis años en rubros fundamentales para millones de personas. La pregunta es muy simple: ¿a qué se le teme para no realizar una reforma fiscal progresiva? ¿Qué intereses, tanto ocultos como no ocultos, disfrutan para que nuestros políticos no actúen en esta materia?
Si lo reducimos a números, los afectados serían menos de 1.5 millones de personas, de los 130 millones que somos. Pero, como mencionamos al principio, ya es imposible no sólo no hablar, sino no actuar, porque las consecuencias serán mayor pobreza e indignación social.