Luego de meses de tensión entre el Gobierno de Nuevo León y el sector productivo, finalmente llegó una señal de distensión. Tras las denuncias públicas de organismos como Caintra Nuevo León, Coparmex Nuevo León, Canaco Monterrey y otras cámaras empresariales sobre presuntos actos de acoso, extorsión y amenazas de clausura contra negocios, el Gobierno encabezado por Samuel García anunció el programa “Cero Clausuras”, mediante el cual micro, pequeñas y medianas empresas podrán regularizar incumplimientos sin enfrentar cierres inmediatos durante el próximo año.
El acuerdo fue firmado el pasado 14 de mayo, justo a un año de las elecciones de 2027, en presencia de representantes de cámaras como Canadevi, CMIC, Canirac, Canacar y la Asociación Mexicana de Hoteles. Ahí, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, reconoció públicamente el incremento de inspecciones, amenazas de cierre y excesos regulatorios que, según dijo, enfrentan negocios de distintos giros en la entidad. Durante meses, empresarios denunciaron inspecciones y trámites utilizados presuntamente como mecanismos de presión para aplicar sanciones discrecionales o exigir pagos indebidos.
Por ello, el anuncio representa un respiro para el sector productivo en un momento donde la desaceleración económica ya comienza a reflejarse en inversión, empleo y confianza empresarial. Sin embargo, en diversos sectores empresariales piden mantener la lupa sobre la Secretaría de Medio Ambiente que encabeza Raúl Lozano Caballero. Aunque el acuerdo plantea evitar clausuras, el propio documento publicado en el Periódico Oficial establece múltiples excepciones que permiten a las dependencias mantener facultades discrecionales de inspección, sanción e incluso cierre cuando consideren que existe afectación ambiental, riesgo sanitario o reincidencia.
Es decir, la política de “Cero Clausuras” no necesariamente implica el fin de las revisiones o de la presión regulatoria. En los pasillos empresariales persiste además la preocupación de que algunas áreas mantengan prácticas que distintos organismos han denunciado desde hace meses como “extorsión institucional”. El antecedente más visible es el conflicto entre autoridades estatales y la empresa extractiva Matrimar, en Cerralvo, que acusó públicamente presuntos cobros indebidos, hostigamiento y amenazas de cierre relacionadas con auditorías ambientales y fiscales. El caso derivó incluso en litigios y resoluciones judiciales que permitieron posteriormente la reapertura de operaciones.
Reducir el debate ambiental únicamente a clausuras o pedreras sería simplificar un problema mucho más complejo. Especialistas coinciden en que la contaminación en la zona metropolitana responde a múltiples factores: emisiones industriales, transporte pesado, uso de diésel, refinerías y condiciones geográficas que dificultan la dispersión de contaminantes. Mientras las PM10 suelen relacionarse con polvo y materiales pétreos, las PM2.5 —las más dañinas para la salud— están más vinculadas a procesos de combustión e industria energética.
El reto, entonces, no es utilizar la agenda ambiental como herramienta de presión o recaudación, sino construir una estrategia técnica e integral para todos los sectores.
Competencia ASG
La sostenibilidad corporativa ya no funciona solo como distintivo reputacional; ahora opera como filtro financiero. Bancos, fondos y cadenas logísticas internacionales evalúan emisiones, gobierno corporativo y transparencia antes de definir inversiones o contratos. Bajo ese escenario, el avance de TRAXION, a cargo de Aby Lijtszain, dentro del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance marca un precedente relevante para el sector transporte mexicano. La compañía logró una posición destacada dentro del Corporate Sustainability Assessment de S&P Global gracias a indicadores verificables y estándares internacionales de divulgación. El dato importa porque México mantiene rezagos importantes en materia ASG. Muchas firmas nacionales todavía privilegian resultados inmediatos sobre estrategias de largo plazo. Esa lógica incrementa vulnerabilidad frente a mercados internacionales con mayores exigencias regulatorias. La transición ambiental exige recursos, pero también visión empresarial y disciplina corporativa.
Voz en Off
La cadena Oxxo de FEMSA, que preside José Antonio Fernández Carbajal, desplegó en Corea del Sur una campaña orientada a conectar con potenciales visitantes que viajarán a México durante la justa futbolística. El movimiento no pasa únicamente por publicidad exterior en zonas de alto flujo comercial de Seúl, sino por construir familiaridad cultural alrededor de una de las frases más reconocibles del consumo cotidiano mexicano: “Voy al OXXO, ¿quieren algo?”. La estrategia incluye además mensajes de bienvenida en distintos idiomas en aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, una señal de cómo las grandes cadenas minoristas comenzaron a prepararse para capitalizar el flujo internacional de turistas y consumo asociado al Mundial. Con esto, busca consolidarse como un punto de referencia inmediato para millones de visitantes….
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