Cien días. Ese es el tiempo que México lleva esperando una explicación convincente sobre uno de los casos políticos más delicados de los últimos años. Cien días desde que Rubén Rocha Moya dejó la gubernatura de Sinaloa tras ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado. Cien días después, el silencio pesa más que las respuestas.
La presunción de inocencia es un principio irrenunciable. Nadie debería ser condenado sin pruebas ni sentencia. Pero una cosa es respetar ese derecho y otra muy distinta aceptar que un personaje señalado en un caso de esta magnitud prácticamente desaparezca de la vida pública sin ofrecer explicaciones a los ciudadanos que gobernó.
Porque esa es la pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde está Rubén Rocha Moya?
El propio gobernador aseguró al solicitar licencia que tenía “la conciencia tranquila” y que se separaba del cargo para facilitar las investigaciones. Si alguien está convencido de su inocencia, cabría esperar que compareciera públicamente, enfrentara las preguntas, defendiera su nombre y exigiera que las investigaciones avancen.
En cambio, durante estos cien días ha predominado el silencio.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República informó que solicitaría las pruebas al gobierno estadounidense, pero hasta ahora no ha dado a conocer resultados concluyentes de esa investigación. La incertidumbre terminó ocupando el lugar que deberían ocupar las instituciones.
Lo verdaderamente indignante no son únicamente las acusaciones formuladas desde Washington. Lo indignante es que México siga sin ofrecer una respuesta clara. Un gobernador con licencia, un caso que generó una crisis diplomática, investigaciones financieras abiertas, un expediente que ha colocado a Sinaloa bajo los reflectores internacionales... y, aun así, la sociedad permanece sin información suficiente.
La ausencia también comunica. Cuando un servidor público enfrenta el mayor señalamiento de su carrera política, desaparecer del debate público difícilmente fortalece la confianza ciudadana. Nadie está obligado a renunciar a sus derechos procesales, pero sí existe una obligación ética de rendir cuentas cuando se ocupó el cargo más importante de un estado.
Cada día sin respuestas erosiona la credibilidad institucional. Porque la confianza no se pierde únicamente cuando aparecen acusaciones de esta magnitud; también se pierde cuando las autoridades parecen incapaces de resolverlas con oportunidad y transparencia.
Después de cien días, México sigue sin saber qué ocurrió realmente. No sabe si las acusaciones resistirán el escrutinio judicial o terminarán desmoronándose. No sabe si habrá procesos penales o exoneraciones. Lo único cierto es que el tiempo avanza y las respuestas no llegan.
En un país donde millones de ciudadanos enfrentan de inmediato las consecuencias de cualquier investigación, resulta inevitable preguntarse por qué, cuando el señalado ocupa la cúspide del poder político, todo parece transcurrir con una lentitud exasperante.
El tiempo transcurre, pero la sociedad sigue esperando claridad. En casos de esta magnitud, la transparencia no sólo fortalece a las instituciones; también fortalece la confianza ciudadana.
