Organizaciones civiles, abogados y familiares de los activistas ambientales, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde el 15 de enero en Tecomán, Colima, anunciaron la presentación de una queja ante Naciones Unidas, señalando la responsabilidad internacional del Estado mexicano y de la minera Ternium, y en exigencia de su pronta aparición con vida.
“Ricardo y don Antonio no son cualquier persona y no vamos a parar hasta encontrarlos, y no vamos a parar hasta mover a todas las personas y a todos lo que tienen influencia y conocen. Y a sus captores les pido de forma directa: libérenlos de forma inmediata con vida”, señaló Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, un de las organizaciones internacionales que acompaña a las familias de ambos activistas.
En conferencia de prensa, familiares de Ricardo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos; así como de Antonio Díaz, líder de comuneros en Aquila respondieron al posicionamiento con el que el viernes pasado la empresa minera Ternium se solidarizó con el caso; sin embargo, al acusar los más de 20 años que tiene al empresa trabajando en la región, la red de apoyo de los ambientalistas aseguraron que “deben hacer todo lo que esté a su alcance” para conseguir su liberación.
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En ese sentido, María Ramírez, esposa de Ricardo Lagunes, responsabilizó a Ternium de ser “el actor más importante en la región”, ya que sostuvo que a la empresa les toca relacionarse con todos los actores políticos, económicos y los “poderes fácticos”, por lo que pidió que “use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, que si uno de ellos tiene a mi esposo y a don Antonio los regresen de inmediato”.
Según los reportes de las investigaciones, las cuales también han solicitado que las atraiga la Fiscalía General de la República (FGR), los activistas fueron amedrentados y perseguidos por hombres a bordo de varios autos y motocicletas cuando ambos se dirigían de una reunión en Aquila con rumbo a Colima. Y ese mismo 15 de enero, la camioneta en la que viajaban fue localizada con varios impactos de bala.
“No es simplemente una voluntad (de solidaridad) tiene un contenido legal muy específico, la empresa (Ternium) tienen la obligación y el estado debe exigirle evaluar de forma transparente todos los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos con las normas internacionales de derechos humanos, medioambientales y todas las que se apliquen”, reiteró Alejandra Gonza respecto al margen de actuación que obliga a la empresa.
En el marco de la desaparición de Ricardo Arturo y Antonio, la semana pasada, tres comuneros de la misma región, que además eran integrantes del grupo de autodefensa fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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