REDACCIÓN EJE CENTRAL

En lo que significa la primer sentencia contra un militar en el ámbito civil, por desaparición forzada, hoy un juez federal impuso 31 años y 3 meses de prisión al subteniente de infantería Danny Hernández Sánchez.

La víctima, de la que el juez no quiso revelar su nombre, fue privada ilegalmente de su libertad por parte del militar el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y continúa desaparecida.

Se trata de la primera resolución contra un militar, desde 2012, cuando la Suprema Corte determinará que los delitos cometidos por fuerzas armadas contra civiles deben ser procesados por jueces federales.

SENTENCIA EJEMPLAR

El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, dictó esta sentencia en la causa penal 104/2013, por la que el subteniente, además de la pena de prisión que por ahora cumplirá en el Campo Militar Número 1, también será destituido de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses.

“El juez basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad”, precisó el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.

En el documento también se detalló que en la sentencia “se ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada”.

“La resolución señala que conductas aisladas y lamentables como lo es este caso, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército Mexicano”, expresó el juez a través del comunicado.

EL DATO

Este es la primera resolución que un juez federal emite contra un militar por este delito, después de que hace tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los elementos de las fuerzas armadas que cometen delitos contra civiles, aunque estén cumpliendo funciones militares, deberán ser procesados en tribunales civiles.