Cooperativa La Cruz Azul en riesgo de quiebra por corrupción
CIUDAD DE MÉXICO, 25AGOSTO2021.- Ignacio Muñoz, coordinador jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Julio César Morales, abogado de la Cooperativa Cruz Azul e integrantes cooperativistas realizaron una protesta a las afueras de del Consejo de la Judicatura Federal, esto con el objetivo de que se investigue de manera inmediata y a profundidad las resoluciones de los jueces de lo civil de la Ciudad de México, 60°, José Manuel Salazar Uribe, 8°, Alejandro Torres Jiménez, 24°, Roberto Yáñez Q. y 54°, Yassmin Alonso Tolamati, que, además de amenazar la existencia de la propia cooperativa, violentaron a la cooperativa. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
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La base trabajadora de La Cruz Azul denunció acciones ilegales por parte de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que atentan gravemente en contra de la Cooperativa poniéndola en riesgo de desaparecer
Socios integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al ministro presidente Arturo Zaldívar, así como a los presidentes del Congreso de la Unión su intervención para detener actos corruptos e ilegales de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, en complicidad con magistrados del poder judicial, quienes promueven acciones encaminadas a quebrar dicha organización para así posteriormente privatizarla.
La base trabajadora de La Cruz Azul denunció que esas acciones ilegales atentan gravemente en contra de la Cooperativa poniéndola en riesgo de desaparecer.
“La base trabajadora de socios de La Cruz Azul pide nuevamente la intervención justa y honesta del Estado mexicano, para frenar las afectaciones a su patrimonio causadas por las corruptelas de un grupo encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que continúan haciendo de las suyas en complicidad con autoridades judiciales”, explica la organización en un comunicado.
Además, señalan a los magistrados del Poder Judicial C. María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, así como el C. Marco Antonio Rodríguez Barajas y el C. Wilfrido León Castañón, como responsables de estos actos, y quienes acaban de negar un amparo, sin tener un sustento legal y violando flagrantemente sus Bases Constitutivas. En ellas se establece claramente que las asambleas generales de la Cooperativa La Cruz Azul que se celebren en la sección México, deberán llevarse a cabo en el domicilio de sus Oficinas Generales, detallan en el mensaje difundido.
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Los socios integrantes precisan que la dirección de éstas es: avenida Anillo Periférico Sur, número 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco en la Alcaldía Coyoacán.
También argumentan que los actos corruptos que encabezan Marín y Velázquez transgreden la Ley General de Sociedades Mercantiles -en su artículo 179- que establece que las asambleas deberán realizarse en el domicilio social de la empresa, de lo contrario “serán nulas”, no obstante, todo lo anterior, los magistrados decidieron negarles el amparo.
Asimismo, enfatizaron que el magistrado Jaime Santana Turral se comprometió previo a esta resolución, ante un grupo de cooperativistas, a que el juicio con expediente 92/2021, se resolvería conforme a derecho, pero no fue así, y optó por poner “oídos sordos” a la demanda.
Con su resolución -señalan- dichos magistrados nos dejan en completo estado de indefensión. Denuncian que incluso se habla de cantidades estratosféricas que se manejaron en el multicitado juicio para favorecer al grupo de Marín y Velázquez.
Urgen a las autoridades del Poder Judicial a que la reforma que impulse el Congreso de la Unión para combatir la corrupción en el Poder Judicial, “se haga efectiva y no se quede en buenas intenciones”.
Los miembros de la Cooperativa La Cruz Azul reiteraron que, si el gobierno federal no atiende el conflicto, la empresa más emblemática de América Latina, con 90 años de historia, corre el riesgo de quebrar y con ello más de 12 mil familias, que dependen de ellos, podrían perder todo su patrimonio.
Acusan que el plan de los disidentes José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez, junto con sus secuaces, es quebrar a la Cooperativa para poderla privatizar y así dar muerte a una exitosa empresa social que ha sido ejemplar en sus 90 años de existencia”, advierten.
Los cooperativistas de La Cruz Azul refrendan su confianza en el gobierno federal, pero -sostienen- “si el Estado mexicano no nos da respuesta apegada a la ley, defenderemos nuestro patrimonio con nuestra vida, si es necesario”.
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