La seguridad del suelo también es un derecho

Algunas familias viven en constante riesgo en las barrancas del poniente de la CDMX. La Ciudad de México no solamente enfrenta desafíos en la superficie; también debe mirar lo que ocurre debajo de nuestros pies. Las minas abandonadas, las cavidades subterráneas, los taludes inestables y los hundimientos representan riesgos que pueden comprometer viviendas, vialidades, infraestructura y, sobre todo, la vida de quienes habitan nuestra ciudad. Frente a esta realidad, prevenir no es una opción secundaria: es una responsabilidad pública. La complejidad geológica de la capital exige una política de protección civil que se adelante a las emergencias. Una grieta que avanza, una filtración persistente o un muro que comienza a inclinarse pueden ser señales que ameritan una evaluación especializada. Esperar a que ocurra un desprendimiento o colapse el terreno puede significar llegar demasiado tarde. Las cifras oficiales muestran la importancia de contar con información territorial accesible. De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, al 6 de octubre de 2026, la plataforma reportaba 3,472 capas de información geográfica y estadística y una actualización general al 24 de septiembre. Asimismo, registró 34,966,114 consultas durante 2026, hasta el 30 de septiembre. Estos datos reflejan la relevancia de esta herramienta pública para conocer los peligros que pueden afectar a la población. Sin embargo, disponer de información no significa que todas las amenazas estén suficientemente identificadas. El propio visor institucional utiliza cartografía geológica sobre minas y registros de inestabilidad de laderas que incluyen estudios de años anteriores. Por ello, es indispensable revisar la vigencia, precisión y cobertura de estos insumos, contrastarlos con inspecciones recientes y realizar estudios de campo donde resulte necesario. La prevención también requiere reconocer que no todos los incidentes tienen el mismo origen. Un socavón puede estar relacionado con erosión interna o daños en infraestructura hidráulica; un hundimiento puede obedecer a distintas condiciones del subsuelo, mientras que un talud puede perder estabilidad por infiltraciones, modificaciones del terreno u otros factores. Cada caso necesita un diagnóstico técnico que permita determinar las medidas adecuadas. Un antecedente que no debemos olvidar ocurrió el 27 de octubre de 2015, cuando se registró un desprendimiento de aproximadamente 6,000 metros cúbicos de tierra y rocas en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, cerca del conjunto habitacional Vista del Campo. Este episodio evidencia las consecuencias que puede tener la inestabilidad de una ladera cuando amenaza viviendas e infraestructura urbana. Por ello, he planteado exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a las 16 alcaldías para que, dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, fortalezcan y actualicen la información del Atlas de Riesgos sobre minas, cavidades subterráneas, taludes y laderas inestables. La propuesta contempla impulsar inspecciones, dictámenes especializados, monitoreo y obras de estabilización cuando sean técnicamente necesarias. También busca mejorar la coordinación institucional y aprovechar los reportes ciudadanos como señales para orientar revisiones profesionales. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, en su artículo 14, el derecho a vivir en un entorno seguro y a recibir protección civil frente a fenómenos naturales o antropogénicos. Ese mandato exige pasar de la reacción ante las emergencias a una prevención permanente, sustentada en evidencia y decisiones responsables. La seguridad de las familias no puede depender de que el terreno dé una última advertencia. Actualizar los mapas, identificar las zonas prioritarias y actuar oportunamente significa proteger vidas, patrimonio y comunidades. Porque gobernar también es anticiparse: detectar el riesgo antes de que se convierta en tragedia y garantizar que la información se traduzca en acciones concretas para una Ciudad de México más segura y resiliente.