Guadalupe Taddei ya renunció, finalmente se fue. Ahora falta saber qué pasó en el INE y quiénes deben responder. Porque una renuncia puede resolver la incomodidad política de tener a una funcionaria cuestionada al frente de una institución, pero no explica una sola contratación ni aclara qué se hizo con los recursos públicos.
Ya tenemos presidenta provisional. Blanca Yassahara Cruz García asumió el cargo y ofreció recuperar la colegialidad, algo que sin duda me parece indispensable. Pero antes habría que preguntarnos por qué se perdió y quién decidió que la presidencia del INE podía prescindir del Consejo General para nombrar a funcionarios fundamentales para la operación del Instituto.
Eso no ocurrió por accidente. En octubre de 2024 se reformó la ley para permitir que Taddei designara directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Se le quitó al Consejo la posibilidad de intervenir en esos nombramientos y se concentró esa facultad en una sola persona. El propio INE cuestionó la reforma.
Hoy, frente a los señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés, sería muy conveniente que toda la discusión terminara en Taddei. Ella renuncia, los partidos negocian el siguiente nombramiento y quienes aprobaron darle más poder siguen adelante sin explicar su decisión.
No estoy diciendo que esa reforma pruebe las irregularidades denunciadas. Eso tendrá que acreditarse. Lo que sostengo es que debemos revisar para qué sirvió concentrar esas atribuciones, cómo se ejercieron y qué margen tuvieron las demás consejerías para vigilar las decisiones de la presidencia.
Los controles suelen estorbarle a quien gobierna. Obligan a explicar, negociar, presentar información y aceptar que una propuesta puede rechazarse. Por eso hay que defenderlos. Cuando se eliminan porque una persona merece toda la confianza de la mayoría, la institución queda a expensas de que esa confianza esté bien depositada. Y si resulta que no, pagamos todos.
El INE merece una investigación seria. Hay que revisar expedientes, identificar quién autorizó las contrataciones, conocer las condiciones pactadas y determinar si hubo beneficios indebidos. También saber si alguien advirtió problemas y qué respuesta recibió. Las responsabilidades tendrán que probarse individualmente, con derecho de defensa. Exigir cuentas implica hacer ese trabajo y llevarlo hasta sus consecuencias.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados elegirá a quien complete el periodo de la presidencia. Ahí debemos poner atención. Después de lo ocurrido, los partidos tendrán que explicar qué criterios usarán y por qué la persona elegida ofrece garantías de independencia y capacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer algo más que el resultado de una negociación.
También deberán revisar las facultades del cargo. De poco sirve pedirle a la nueva presidenta que escuche al Consejo si la ley le permite tomar decisiones fundamentales sin su aprobación. Recuperar la colegialidad supone devolverle al órgano colegiado la capacidad para decidir y controlar.
Me preocupa que volvamos a conformarnos con la salida de una funcionaria. Que dentro de unas semanas estemos discutiendo otro escándalo sin saber qué ocurrió aquí. Taddei debe responder por lo que se acredite de su gestión. Quienes decidieron darle más poder también deben explicar por qué lo hicieron y si están dispuestos a corregirlo. La renuncia no puede servirles a todos para dar el asunto por terminado.
