Foto: Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México opinó que se pone en riesgo la privacidad y el patrimonio de los ciudadanos con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.

A través de un comunicado, aseguró que es una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.

“Preocupa que el Registro de Usuarios aprobado ayer repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro”.

Lamentaron que los senadores “desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas” y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el padrón viola los derechos humanos de los usuarios en los siguientes términos:

  • Viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
  • La creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible.
  • Limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población.
  • Incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
  • Atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente.
  • Viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.

Señalaron que esta disposición no corresponde a un gobierno democrático y plural, “y sólo pueden ser interpretadas como una nueva señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos en nuestro país”.

Por último, hicieron un llamado al presidente López Obrador para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. DJ

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