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Jonathan Nácar

A un día de publicarse el decreto presidencial mediante el cual las Fuerzas Armadas quedaron facultadas para que durante los próximos cumplan con funciones de seguridad pública, en razón de la reforma constitucional con la que hace un año fue aprobada la creación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce que esta nueva corporación se ha visto rebasada ante la emergencia sanitaria nacional que impone la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19.

Si bien la dependencia encabezada por el secretario Alfonso Durazo Montaño señala que a 12 meses de la puesta en marcha de la Guardia Nacional ya se cuenta con un despliegue en todo el territorio, derivando en que “su intenso trabajo paulatinamente empieza a dar frutos”; la SSPC también reconoce que “ahora que la pandemia global derivada del Covid-19 supera en este momento los alcances de la Guardia Nacional y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos”, es por ello que las Fuerzas Armadas deben estar presentes en apoyo de la ciudadanía.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera que si bien cuando las Fuerzas Armadas, “las instituciones de mayor prestigio en el país”, incursionan en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida del país, en este caso la “reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública” tienen su antecedente en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019.

Con el objetivo, reitera la SSPC, de “fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional” para lo cual fue necesario “repensar la Seguridad Nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas”, es decir, retomar las fortalezas de las instituciones militares como su disciplina, formación, servicio de carrera, espíritu de cuerpo, recursos humanos, materiales e infraestructura para fortalecer la Guardia Nacional.

Aunque en su pronunciamiento respecto al acuerdo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública la Secretaría sostiene que el nuevo rol de militares y marinos implica que trabajen coordinadamente con las mesas estatales y regionales de seguridad en cada estado, otorgándoles una mayor fortaleza en cuanto a sus actuaciones como primeros respondientes ante hechos delictivos, dicho acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública.

Pero, lo cierto es que la orden aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicada ayer en razón de la reforma constitucional que hace un año dio origen a la conformación de la Guardia Nacional, integrada en primera instancia por militares, marinos, y expolicías federales; sí faculta a las fuerzas castrenses para cumplir con funciones, consideradas hasta este lunes como exclusivas de las corporaciones policiales del país; entre las cuales se incluye el realizar operativos, realizar detenciones y realizar labores de inteligencia.

“El Acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos”, justificó la SSPC en cuanto a las atribuciones que se le confieren a las Fuerzas Armadas en el marco de la actuación por la que se regirán en el próximo lustro.

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