Médicos y enfermeras de las Unidades Médicas Urbanas (UMU) de 18 entidades denunciaron que fueron despedidos, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.
“Me permito hacer de su conocimiento los lineamientos a seguir para el cierre de operaciones y conclusión de los servicios que se proporcionaban a las familias beneficiarias de Prospera en las Unidades Médicas Urbanas”, dice el oficio firmado por Lara Saldaña, titular de IMSS-Bienestar, difundido por el diario El Universal.
A la víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el órgano desconcentrado del Programa de Inclusión Social PROSPERA, y ordenó transferir todos sus recursos a uno nuevo en la Secretaría de Educación Público (SEP), denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El primer mandatario firmó un decreto publicado el 31 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el cual se derogó el mandato de septiembre de 2014, a través del cual el ex presidente Enrique Peña Nieto instituyó al Programa de Inclusión Social Prospera como un órgano de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Prospera tenía para este año 20 mil 691 millones de pesos de presupuesto, el 13.6 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría de Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados, quienes ahora estarán en la SEP.
Sin embargo, López Obrador determinó que cuatro programas presupuestarios de la SEP, que suman 69 mil 512 millones de pesos en 2019, quedarán en manos de la nueva Coordinación de Becas. La desaparición de Prospera estaba prevista en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos (PEF) 2019, en el que se aclaró que los recursos asignados “se entenderán como parte del programa que lo sustituya”.
Según el oficio 59 54 61 0722/1727, firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña, se informó que debido a la conclusión del proyecto Prospera y su transformación al nuevo Programa de Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez, las UMU ya no recibirán los recursos que Prospera proporcionaba al ramo 12 del PEF, mismos que ahora se entregarán de forma directa a los beneficiarios.
Según el catálogo de infraestructura del IMSS-Bienestar, a nivel nacional existen 315 Unidades Médicas Urbanas distribuidas en 28 entidades federativas. Su principal tarea era brindar servicios médicos a la población sin seguridad social que habita zonas urbanas marginadas.
En cada UMU laboraban alrededor de uno o dos equipos integrados por un médico, dos enfermeras, un promotor de acción comunitaria, un administrador y una secretaria.
Cabe recordar que el pasado 26 de mayo, al conmemorar el 40 aniversario de IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, nuevo director general del Instituto, mencionó que este programa cuenta con 4 mil 86 unidades médicas, de las cuales sólo 15 son UMU.
En dicho evento, el funcionario afirmó que no habría recortes de personal médico, “porque es al que más tenemos que proteger. Allí es donde la gente reclama atención”.
Sin embargo, El Universal afirma que las UMU cerraron en Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.
El oficio señala, además, que el próximo 30 de julio “serán dadas de baja la totalidad de claves y combinaciones presupuestales, unidades de información, claves de ubicación y centros de costos del ámbito urbano, por lo que la delegación deberá asegurarse de que el presupuesto designado en el centro de costos 073206 podrá ser reordenado a los centros del ámbito rural”.
Asimismo, se indica que a más tardar el 30 de junio será retirada la totalidad del presupuesto no ejercido en estas clínicas y el enlace de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar.
El pasado 24 de abril, López Obrador declaró que la mitad del padrón de ese programa era fantasma, y acusó al Gobierno anterior de haber inflado el padrón de Prospera. En conferencia de prensa matutina, el presidnte informó que, de los 7 millones de familias registradas como beneficiarias, sólo se pudo comprobar la existencia de 3.5 millones en el censo.
Explicó que, ante las irregularidades encontradas en ese programa, será necesario interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, ni hubo denuncia, ni un reporte oficial, ni indicadores, ni evaluación, mucho menos recomendaciones de política pública por parte de Coneval —la dependencia responsable de evaluar los programas sociales-, con justificaciones para desaparecer Prospera. (Con información de El Universal y Reforma) NM