Detenciones arbitrarias, abuso y muerte prematura, la realidad en la frontera norte
Disability Rights International llevó a cabo dos investigaciones en Baja California, en los que visitó a cuatro instituciones privadas
Niños, adolescentes, adultos, migrantes y personas con discapacidad son víctimas de detenciones arbitrarias, abuso y muerte prematura dentro de los orfanatos e instituciones no reguladas en la frontera entre México y Estados Unidos.
Disability Rights International (DRI) llevó a cabo dos investigaciones en Baja California, en los que visitó a cuatro instituciones privadas en las que se encuentran menores de edad, migrantes y personas con discapacidad.
DRI encontró particularmente preocupante la alta tasa de mortalidad de niñas y niños con discapacidad en una institución cerca de Ensenada, Baja California, llamada “Casa Gabriel”. De acuerdo con la información proporcionada por el personal, en febrero de 2018 tres niñas y un niño con discapacidad murieron con pocos días de diferencia”, señala en el reporte En la frontera con los Estados Unidos y segregados de la sociedad.
Las personas que fallecieron tenían 12, 15, 17 y 22 años y parálisis cerebral infantil, hidrocefalia y atrofia muscular.
“Todos ellos usaban sonda para ser alimentados. Los niños murieron por complicaciones con la sonda. Tenemos un doctor y una enfermera a quien avisamos si los niños se enferman. Si se enferman y no mejoran los llevamos al hospital o al centro de salud”, según un testimonio referido en el documento.
También enlista que dos de las cuatro instituciones visitadas por DRI operaban sin licencia y detuvieron arbitrariamente a niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad, algunos de los cuales fueron enviados por el gobierno.
Una de estas instituciones encierra a menores de edad y adultos con discapacidad y problemas de adicciones sin el registro ni la autoridad legal para hacerlo. También recurren a aislamientos y amarran a las personas por varias horas.
“Esta institución usa cuartos de aislamiento y sujeciones en adolescentes y adultos como forma de castigo y no tiene un programa de tratamiento formal más allá de la oración y programación religiosa. A pesar de la falta de tratamiento, las personas permanecen amarradas por horas y encerradas en cuartos de aislamiento por días cuando tienen un ‘mal comportamiento’”, expone el informe.
Menores esperan hasta un año por sus familias
La situación de derechos humanos de las y los menores de edad migrantes no acompañados y las personas con discapacidad que han sido deportadas o detenidas en la frontera de los Estados Unidos y retornadas también están en riesgo del lado mexicano, señaló DRI.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cita, alrededor de 3 mil menores no acompañados son deportados cada año de los Estados Unidos a Tijuana, México.
El director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California, dijo a la organización, que el 80% de las y los menores no acompañados se reintegran de inmediato a sus familias y 20% restante es reunificado con sus familias dentro de un año, si es que pueden ser identificadas.
Para algunos de ellos, su familia nunca es localizada. DRI expresa su preocupación por las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para quienes la única alternativa es pasar meses en instituciones mientras se encuentra a su familia, y quienes pueden quedarse en dichas instituciones por años si sus familias no pueden ser localizadas”, señala.
Disability Rights pidió a México evitar que instituciones privadas detengan sin ningún tipo de autoridad legal a personas con discapacidad, menores y migrantes, que administren tratamientos forzados basados en programas experimentales no aprobados.EM
Aquí el reporte completo de Disability Rights International
